Rearticulación de la derecha en el continente en la «era Obama»

Rearticulación de la derecha en el continente en la «era Obama»

20 de Enero de 2011 | 

La tarea más importante que tienen los pueblos y los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina es radicalizar sus procesos, en las condiciones del siglo XXI


por Hugo Moldiz

La derecha continental está en proceso de rearticulación, en respuesta a los avances de los procesos de izquierda en América Latina. De los tres países que tenían afinidad con Washington, ahora llegan a siete en la «era» Obama. El ALBA está en la mira. Los neocons —que quieren una América distinta, no liberal ni de izquierda en el siglo XXI— han tomado la iniciativa.

La derecha en el continente se recompone y sus fracciones más duras han decidido pasar a la contraofensiva. Si bien este dato de la realidad no se le puede atribuir solo al titular de la Casa Blanca, quien ha tenido más bien una conducta errática, es importante tomar en cuenta que la «era» Obama le ha posibilitado a Estados Unidos, después de cerca de una década de crisis de dominación, pasar de tres a siete en el número de gobiernos directamente afines a su política exterior en América Latina.

Obama, cuya madre y padre adoptivo mantenían una estrecha relación con la estación CIA, se presentó, dentro y fuera de los Estados Unidos, como partidario de reformas que disminuyeran las crecientes desigualdades sociales en lo interno y de estrechar un nuevo tipo de lazos con la América Latina que se le estaba escurriendo de las manos. Ya desde su discurso de posesión, en enero de 2009, el primer presidente negro de los Estados Unidos aseguró que iba a recuperar el liderazgo de su país en el mundo, lo cual pasaba, a diferencia de la administración Bush, por combinar capacidad de dirección política con métodos de naturaleza militar.

A dos años de la administración Obama, la imagen externa no coincide con la situación interna. Los demócratas, de la mano de Obama, han perdido las elecciones legislativas de noviembre pasado y los resultados representan un duro golpe a las pretensiones demócratas de apostar por un nuevo periodo consecutivo. Los republicanos han recuperado la Cámara de los Representantes después de haber sido desplazados en 2006 y en el Senado han recuperado terreno tras su victoria en estados importantes por su peso político y económico. Los primeros alcanzan a un total de 233 en ambas cámaras, mientras los segundos llegan a 285.

Cumplidos dos años de la administración Obama hay dos datos de importancia: primero, la que marca el ritmo de la política exterior estadounidense y construye alianzas con la ultraderecha es Hillary Clinton y, segundo, lo que hace el Departamento de Estado está subordinado al predominio del Departamento de Defensa y el Pentágono.

En enero de 2009, cuando Obama asumía la titularidad de la Casa Blanca y en su discurso aseguraba que Estados Unidos iba a recuperar su liderazgo en el mundo, incluyendo en América Latina, no estaba diciendo nada que no estuviera en el orden de posibilidades y prioridades. A pesar que su predecesor —George Bush (hijo)— se esforzaba en atender simultáneamente el mundo con su predominante política guerrerista, América Latina se encontraba insurgente. Inducidos por la iniciativa de los países miembros de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), un sentimiento de alcanzar mayor autonomía ante los Estados Unidos se apoderaba de la mayor parte de los gobiernos del continente. Solo Colombia, México y Perú mantuvieron un nivel de articulación con Washington y no pocas veces chocaron con Venezuela y Bolivia, los dos países que arrancaron, a fines del siglo pasado el primero y a comienzos del siglo XXI el segundo, con procesos de cambio inéditos y radicales.

La relación con Colombia es estrecha desde fines del siglo XX, cuando el demócrata Bill Clinton puso en marcha el denominado Plan Colombia —elaborado por el senador Dewine— con una clara orientación contrainsurgente, que luego se reforzó tras los hechos de septiembre de 2002, cuando Estados Unidos fue escenario de atentados terroristas atribuidos a un ex socio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La alianza con Andrés Pastrana primero, al fracasar las negociaciones de paz en San Vicente del Cagúan, se enriqueció luego con Álvaro Uribe, quien convirtió a su país en teatro de operaciones concebidas para agredir sistemáticamente a su vecina Venezuela y también al Ecuador. Al primero de los países se lo penetró reiteradamente con agentes de la DAS y al segundo se lo provocó el 1ro. de marzo de 2008 al violar su territorio (Sucumbíos) para bombardear el campamento de las FARC y asesinar el comandante rebelde Raúl Reyes, quien impulsaba la tarea de buscar una salida política negociada al conflicto armado que azota ese país hace más de cincuenta años. La «seguridad democrática» fue el manto político e ideológico con el que se desencadenó la represión de activistas civiles y se asesinó, con «falsos positivos» por medio, a cientos de colombianos inocentes y pobres.

La relación estrecha entre Estados Unidos y Colombia se ha desarrollado, sin embargo, sobre todo en los campos de la política y lo militar, lo cual ha conducido a una regresión profunda del país sudamericano en materia de derechos humanos, mayor de la que normalmente ha tenido por el tipo de estado militarista con el que se ha tratado, y aún no deja de hacerlo, de resolver la existencia de un conflicto armado. Los miles de millones que se han destinado a ese país en la primera década del siglo XXI es solo comparable, proporcionalmente, con la atención que Estados Unidos le presta a Israel. Pero, en materia económica se ha registrado una no correspondencia, pues a pesar de los deseos de Uribe, Colombia tropezó con muchos obstáculos para materializar el Tratado de Libre Comercio.

Con la actual administración de Juan Manuel Santos se están produciendo algunas variantes en la estrategia que Estados Unidos tiene vía Colombia para América Latina. Convencidos de que la táctica Uribe iba a desencadenar una guerra con Venezuela con consecuencias imprevisibles en la región —lo que no ha desaparecido de la agenda estadounidense y simplemente ha pasado a un orden de prioridades distinto—, nunca más oportuno el cambio de jefe de Estado en el país sudamericano. Santos, quien es responsable directo del ataque de Sucumbíos y la agresión a Venezuela, hoy ensaya una nuevo libreto en el continente: externamente se muestra más conciliador con los países miembros del ALBA y mucho más colaborador en general, mientras en lo interno amenaza con fortalecer la política guerrerista contra la insurgencia armada bajo la creencia de que «les llegó la hora».

Con México las relaciones han sido igualmente que cordiales y no por eso menos comprometidas. Tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón, la estrategia contrainsurgente expresada en la denominada Iniciativa Mérida —un derivado del Plan Colombia—, ha militarizado ese país con dos grandes objetivos: la lucha contra el narcotráfico y el control de la migración. Con el ataque a los efectos y no las causas, varios estados y ciudades de México se desangran todos los días. A eso hay que añadir los planes de intercambio comercial en el marco del NAFTA que poco le ha dado a los mexicanos frente a lo que ha perdido a favor de las empresas transnacionales con asiento en Estados Unidos. El desequilibrio es tan grande que ha sido el mismo Calderón quien ha criticado a Estados Unidos por no hacer nada para evitar el tráfico de armas hacia México.

Con Lima, el trato no es distinto, aunque en el primer semestre de este año el presidente Alan García reclamaba por el mínimo de recursos que se le asignó a ese país y no los 1.400 millones de dólares anuales entregados a Uribe en el marco del Plan Colombia. El gobierno peruano, sin embargo, no ha jugado el papel de agresor militar contra Bolivia y Ecuador, aunque políticamente ha sido un dique a los planes de crecimiento del ALBA. Los planes del Pentágono incluyen la apertura de una base militar en la frontera con Bolivia.

Pero no se puede dejar de apuntar, en estas acciones de la ultraderecha estadounidense en el periodo previo a la «era» Obama, el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y el intento de una acción similar en contra del presidente Evo Morales en agosto-septiembre de 2008. Al primero una movilización del pueblo lo devolvió a Miraflores antes de las 48 horas y al segundo se lo protegió con una marcha indígena y campesina hacia Santa Cruz que disuadió a los golpistas. En ambos estuvieron las manos de la CIA y en Bolivia no se dudó en expulsar al embajador estadounidense, Philip Golberg, quien ahora está a cargo de una dirección de inteligencia dentro del Departamento de Estado.

De tres a siete

La «era» Obama para América Latina tuvo una inauguración no pensada ni anticipada por nadie. El 28 de junio de 2009, a escasos cinco meses de que el joven demócrata ingresara a la Casa Blanca, un golpe de Estado expulsaba del poder al presidente liberal, Manuel Zelaya, quien se disponía a celebrar ese día una consulta popular para preguntarle al pueblo si en las elecciones generales de noviembre de ese año colocaban una «Cuarta Urna» para decidir si había o no una Asamblea Constituyente. Los planes de organizar la consulta para la consulta molestó a la derecha bananera hondureña y la base de Soto Cano —donde Estados Unidos tiene militares desde la década de 1980—, sirvió para sacar al presidente liberal de su país.

La OEA reaccionó como Estados Unidos quería que reaccionara: no hizo nada. Pero la secretaria de Estado, Hillary Clinton, logró que Zelaya tomara las cartas que la Casa Blanca quería que tomara: la mediación de Oscar Arias de Costa Rica, el mismo que en la 1980 torpedeó cualquier negociación con Nicaragua, cuyo país era atacado por bandas contrarrevolucionarias, financiadas y organizadas por la CIA, desde Honduras. El ALBA, que fue el primero en condenar el golpe, tuvo que resignarse a un rol secundario y recibir las agresiones permanentes de la ultraderecha.

El golpe contra Zelaya en Honduras ha sido estratégico, tanto en lo interno como externo. Se ha evitado que ese país centroamericano se sume al bloque de países cuestionadores del dominio imperial, aunque al mismo tiempo hay posibilidades muy grandes para el surgimiento de una alternativa popular a través del Frente Nacional para la Resistencia. En lo externo se ha logrado lo que se quería pues se evidencia una crisis de crecimiento del ALBA.

Sucumbíos fue una victoria de Bush. Estados Unidos demostraba la fragilidad de los Estados latinoamericanos para cuidar sus fronteras y la facilidad con la que las bases o tropas militares actuaban. Ya no hay duda que el territorio ecuatoriano fue utilizado por las fuerzas especiales colombianas en Manta, la base estadounidense que Correa desmanteló después. Pero Honduras fue el punto de inflexión para la derecha continental.

La Casa Blanca se salió con la suya. Pocos meses después Obama anunciaba el cumplimiento del convenio Bush-Uribe por el cual se iban a instalar siete nuevas bases militares en Colombia y, por si no fuera suficiente, preacordaba con Ricardo Martinelli —un empresario de ultraderecha que se incorporó al grupo contrainsurgente en el continente en 2009— la apertura de cerca de cuatro bases navales estadounidenses en Panamá, de donde salieron años antes en virtud de los tratados Torrijos-Carter. La observación del poder judicial a los convenios para la instalación de bases militares por no tener autorización del Congreso no ha impedido, en los hechos, que los militares estadounidenses estén en Colombia y sean ellos los que planifican las acciones militares.

La expansión de la derecha imperial no se iba a detener. Siempre en el plano político-militar, Laura Chinchilla Miranda gana las elecciones en Costa Rica en febrero de 2010. A poco de asumir la presidencia del país centroamericano, la joven política, con estrechos lazos con sectores influyentes estadounidenses y USAID, acepta que Estados Unidos movilice a cerca de 7.000 soldados con la tarea de la lucha contra el narcotráfico y en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), firmado luego en octubre pasado.

La aceptación de Costa Rica de tener en su territorio tropas de Estados Unidos es muy grave. Por un lado rompe en lo simbólico la imagen de un país que se negó a tener Fuerzas Armadas propias y, segundo, junto a Honduras jugará un papel de permanente presión respecto de Nicaragua y las pretensiones reeleccionistas de Daniel Ortega.

Finalmente, en esta guerra de movimientos y posiciones, Estados Unidos se ha apoderado del Palacio de la Moneda. El derechista Sebastián Piñera desplazó a la Concertación después de dos décadas, y los seguidores de Pinochet —a los que el presidente chileno dice no pertenecer— se encuentran a la ofensiva para desarticular a los activistas y movimientos de izquierda. No es que la Concertación fuese un modelo del antineoliberalismo. Todo lo contrario. Pero, dentro de los márgenes de la rigurosa política exterior del vecino país, hay iniciativas tomadas por Bachelet que le dieron su apoyo a la corriente latinoamericana que apuesta a una mayor autonomía frente a Estados Unidos.

Varios países enfrentarán elecciones en los dos años siguientes y América Latina se convertirá en escenario de ardua disputa entre la reconstitución de la dominación y la emancipación. En Sudamérica será decisivo lo que pase en Argentina, donde la muerte de Néstor Kirchner deja en Cristina Fernández una gran responsabilidad, ya que si bien en ese país no existe ni se ha propuesto un horizonte poscapitalista, el triunfo de esa fracción de los peronistas es vital para no debilitar la tendencia de mayor autonomía ante los Estados Unidos.

En Nicaragua el desafío es tanto mayor. Si hay un país que le pone freno al proceso de recuperación estadounidense de Centroamérica, cuyos estrategas han neutralizado a Funes de El Salvador a pesar de la resistencia del FMLN, es Nicaragua. En todo caso, el mando político estadounidense con su representación diplomática en Managua se juega por la unidad de todas las fuerzas opositoras a Daniel Ortega —incluida a disidentes sandinistas—, lo cual hace imposible pronosticar el resultado de las elecciones.

La derecha «no estatal»

Pero la contraofensiva de la derecha en el continente tiene varias caras. Al esfuerzo que desde lo estatal se hace hay que sumar los espacios que se están creando para la rearticulación continental de los sectores más conservadores. Todo está, como es lógico, en movimiento.

Es muy difícil no encontrar relaciones entre la política exterior de los Estados Unidos y las estrategias de fundaciones y organizaciones de la ultraderecha internacional. Tan ausente son las diferencias que Robert Kagan, uno de los fundadores del Proyecto para un siglo americano, manifestaba su optimismo ante el primer discurso que Obama hizo como presidente.

 

Obama no ha dicho ni una sola vez que la fuerza militar debe utilizarse solo como último recurso. Por el contrario, insiste en que «el presidente no debe nunca dudar en usar la fuerza —unilateralmente si fuera necesario», y no solo «para protegernos… cuando seamos atacados», sino también para proteger «nuestros intereses vitales» cuando exista un «inminente peligro». Esto es conocido como acción militar preventiva. Hay cuatro palabras ausentes de los discursos de Obama sobre el uso de la fuerza: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Obama habla de «naciones renegadas», «dictadores hostiles», «alianza muscular» y de mantener una «fuerte disuasión nuclear». Habla acerca de cómo tenemos que «aprovechar» el «momento de América». Hay que «empezar de nuevo el mundo». ¿Es esto realismo? ¿Se trata de una política exterior propia de la izquierda liberal? Más claro, agua.

 

Los neocons, que tienen sus orígenes en la década de 1990, diez años después de la revolución conservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, constituyeron una fuerza material y pensante de George Bush y expresan ahora el surgimiento de una tendencia anti-liberal y que proclama la recuperación de los valores occidentales y estadounidenses contaminados por la migración latinoamericana, asiática y africana.

Los neocons están en la tarea de acelerar la recomposición de la derecha a escala mundial. Muchos de sus grandes pensadores y activistas mantienen relaciones con españoles, franceses, alemanes e ingleses. En América Latina, aunque con cierto celo y desprecio, han empezado a tomar contactos con partidos de la vieja derecha y con empresarios-políticos de la nueva derecha. A los primeros les liga la dureza del pasado —como es el caso de Luis Posada Carriles, un criminal protegido en EE.UU.— y a los segundos por su inclinación a concebir la política como una gestión empresarial.

Pues bien, en ese contexto es que se deben interpretar tres hechos que no resultan aislados. El primero, la advertencia que el ministro de Defensa, Robert Gates, hizo a Bolivia por sus relaciones con Irán, en el marco de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, una instancia de coordinación en temas de seguridad que nació en 1995, en Florida, un año después de la I Cumbre de las Américas celebrada en Miami.

A Estados Unidos le preocupa las relaciones de Bolivia y Venezuela con Irán y eso aumenta su nivel de rechazo a los procesos de avanzada en América Latina. Si bien es todavía prematuro pensar que esos procesos se vayan a radicalizar más en el periodo que viene, también no es retórico afirmar que a EEUU le cae muy mal, como en la década de 1960, intentos de búsqueda de mayor autonomía de los países del continente, por muy reformistas que sean.

El segundo, la cumbre «Los Andes en Peligro» organizada por el Interamerican Institute for Democracy en la penúltima semana de noviembre de 2010 reunió a opositores de los procesos de cambio en América Latina y aprobó una línea de acción para trabajar por la expulsión de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua de la OEA, así como en planificar el magnicidio de Hugo Chávez. Si bien, que se conozca, no existe un documento de conclusiones, es evidente que las palabras allí sostenidas no son una invitación al juego. De hecho, personajes como Armando Valladares y Roger Noriega —ambos con estrechos nexos con la Fundación Cubano Americana— participaron de la cita.

Entre los asistentes a la cumbre derechista estuvieron Carlos Sánchez Berzain, Manfred Reyes Villa, la diputada Pierola, el dirigente cívico cruceño Luis Nuñez, todos de Bolivia, según información del periódico oficial Cambio de Bolivia.

Los reportes no citan a Luis Posada Carriles y otros terroristas, pero es de suponer —por su relación con los neocons y la Fundación Cubano Americana—, que no escatimarían en participar de acciones de desestabilización y planes de magnicidio. Hace pocos meses, en julio, Francisco Chávez Abarca fue tenido ingresando a Venezuela y confesó que había sido contratado por Posada Carriles, el que en 1976 hizo explotar una bomba en una nave de Cubana de Aviación que transportaba deportistas.

Pero si de antecedentes de la ultraderecha internacional se trata, la participación en la «Operación Cóndor» en la década de 1970, cuando la represión, el intercambio de prisioneros y el asesinato rebasó las fronteras, es algo que pinta de cuerpo entero a los grupos de la ultraderecha.

Casi simultáneamente, una segunda reunión de la derecha se realizó en Colombia. Uno América —una organización de extrema derecha encabezada por Alejandro Pérez Esclusa— congregó a sus miembros en Bogotá, donde se identificó a catorce países de América Latina vinculados al Foro de São Paulo. En términos militares, dada la naturaleza de esta organización, se los declaró como objetivos a desestabilizar.

Por tanto, las voces de alerta de los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez no constituyen una exageración. El ALBA es el objetivo mayor de la ultraderecha continental, ya sea para golpearlos directamente o para desarrollar una línea de aislamiento. Por lo pronto, el triunfo de la izquierda en Brasil y la posición firme de Cristina Fernández en Argentina, son una buena noticia para los gobiernos de avanzada en América Latina.

Pero quizá la tarea más importante que tienen los pueblos y los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina es radicalizar sus procesos, en las condiciones del siglo XXI. Cada que se piensa que no hay que provocar al imperio con más reformas, es como más se le facilita que corte las cabezas de los insurgentes.



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