La proyección continental de la Revolución Cubana

22 de Julio de 2008 | 

Intervención de Roberto Regalado en el Seminario 50 Años de la Revolución Cubana.


Intervención de Roberto Regalado en el Seminario 50 Años de la Revolución Cubana, celebrado en La Habana, del 14 al 16 de julio de 2008, con el coauspicio de la Oficina del Programa Martiano, la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, las editoriales Ocean Press y Ocean Sur, y Contexto Latinoamericano.

 

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En su alegato de autodefensa en el juicio por el Asalto al Cuartel Moncada, pronunciado en octubre de 1953 e inmortalizado con el nombre La historia me absolverá, Fidel Castro sienta las bases de lo que años más tarde sería la proyección continental de la Revolución Cubana, al afirmar que,

 

la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente y que los perseguidos políticos de las sangrientas tiranías que oprimen a naciones hermanas, encontrarían en la patria de Martí, no como hoy, persecución, hambre y traición, sino asilo generoso, hermandad y pan. Cuba debía ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo.(1)

 

La colosal transformación de una república neocolonial, ubicada a solo 90 millas de la principal potencia imperialista del mundo, en el primer país socialista del continente americano, tenía que reflejarse en una también colosal transformación de su política exterior. Con palabras del jurista Miguel D’Estéfano:

 

La Revolución, y con ella nuestra política exterior, ha roto totalmente las contradicciones que matizaron la Cuba colonial primero y la república dependiente después: 1) las relaciones excluyentes con otros países, y 2) las relaciones contradictorias en sí mismas, primero con España y luego con los Estados Unidos.

 

Durante cuatro siglos las relaciones de Cuba con España se desarrollaron sobre la base de la exclusión con otros países y, durante sesenta años, nuestra dependencia de los Estados Unidos se estableció sobre la base de que ese país asumiera la casi totalidad del comercio de exportación e importación cubano, eliminando prácticamente la relación comercial con los demás países.(2)

 

La proyección continental de la Revolución Cubana se manifiesta en tres ámbitos superpuestos e interrelacionados de forma indisoluble. Los dos factores determinantes en esa trilogía son el enfrentamiento al imperialismo norteamericano y el apoyo a las luchas de los pueblos de América Latina y el Caribe. El elemento secundario de esa ecuación es la relación con los gobiernos del área, porque depende de en qué medida esos gobiernos se subordinan al imperialismo o responden a los intereses populares.

 

El enfrentamiento al imperialismo norteamericano


Para el imperialismo norteamericano, la Revolución Cubana constituye, al mismo tiempo, un obstáculo a su ambición anexionista histórica, un desafío geopolítico en la región que considera su «traspatio natural» y un tema de política interna, manipulado por organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano creadas y aupadas por el propio gobierno estadounidense.

 

El triunfo de la Revolución Cubana, el 1ro. de enero de 1959, se convierte en un obstáculo al afianzamiento de la dominación continental del imperialismo norteamericano, en momentos en que éste creía contar con las condiciones ideales para ello. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial —en virtud del cual deviene la principal potencia imperialista del planeta— y el inicio de la guerra fría —utilizada de pretexto para establecer dictaduras militares y gobiernos autoritarios civiles dóciles a sus dictados—, le permiten a los Estados Unidos imponer su hegemonía en el continente.

 

Símbolo de esa hegemonía es la creación del Sistema Interamericano, integrado por la Junta Interamericana de Defensa (JID, 1942), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948), cuya función es servir de contraparte a las acciones imperialistas unilaterales de fuerza.(3) Una de esas acciones, el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz (1954), que liquidó la Revolución guatemalteca de 1944, fue utilizada por los Estados Unidos para establecer en la OEA el derecho de injerencia y suprimir el principio de no intervención, que había sido plasmado en su Carta en virtud de la influencia de la entonces reciente creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Era la culminación de un largo proceso de imposición de un sistema de dominación continental, iniciado en la Primera Conferencia Internacional.

 

A finales de la década de 1950 dos factores favorecen un proceso análogo en el terreno económico. El primero es el restablecimiento de la capacidad productiva de Europa Occidental, que lo obliga a reorientar los flujos de capitales y mercancías focalizados en la reconstrucción posbélica del Viejo Continente. El segundo es el cese de la demanda de productos primarios registrada durante la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la posguerra, que asesta el golpe definitivo a los proyectos desarrollistas mediante los cuales los países latinoamericanos de mayor peso sortearon la desconexión de las potencias europeas sufrida desde la Primera Guerra Mundial. Esto implica que los Estados Unidos ya están en condiciones de asumir la función de metrópoli neocolonial de América Latina, dejada vacante por Gran Bretaña en 1929, y que las frustradas y desconcertadas élites criollas son más proclives a aceptar la penetración foránea.

 

De manera que, cuando el imperialismo norteamericano, finalmente, cree haber vencido todos los obstáculos interpuestos a la realización del sueño de los llamados padres fundadores, de extender la dominación de los Estados Unidos a todo el continente americano, la Revolución Cubana se erige en un escollo a sus ambiciones. La demostración fehaciente de que un pueblo latinoamericano y caribeño podía escribir su propia historia fue el catalizador de un renovado auge las luchas populares en la región. A partir de ese momento, las prioridades de la política imperialista hacia América Latina y el Caribe serían destruir a la Revolución Cubana, y aniquilar a las fuerzas políticas y sociales que en otros países inician una nueva etapa de lucha contra su dominación.

 

La hostilidad del imperialismo norteamericano hacia la Revolución cubana se manifiesta desde antes de su triunfo, primero mediante el apoyo al régimen dictatorial de Fulgencio Batista, y después en las maniobras que hasta último minuto realizó para frustrar la victoria política y militar del Ejército Rebelde y el traspaso del poder al Gobierno Revolucionario Provisional. Las medidas de beneficio popular adoptadas por este gobierno, en especial, la Ley de Reforma Agraria, aprobada el 19 de mayo de 1959, fueron el factor desencadenante de la política anticubana de agresiones de muy diverso tipo, bloqueo económico y aislamiento político que con readecuaciones periódicas se mantiene hasta hoy. Durante sus primeros años, la política anticubana del imperialismo incluye la reafirmación del apoyo «colectivo» a la democracia representativa en la Sexta Reunión de Consulta de Ministros de la OEA celebrada en Santiago de Chile (1959), la organización de acciones contrarrevolucionarias violentas —para lo cual en enero de 1960 crea una fuerza de tarea especial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)—, la aprobación por parte de la OEA de la Declaración de San José (1960); la invasión de Playa Girón (1961), las sanciones decretadas por la OEA en Punta del Este (1962), la colocación del mundo al borde de la guerra nuclear durante la Crisis de Octubre (1962), y fomento de las bandas contrarrevolucionarias, hasta que su derrota definitiva, a finales de los años sesenta, lo indujo a mantener a largo plazo la política de bloqueo y aislamiento, constantemente endurecida.

 

Hubo una moderación de la política anticubana a finales del gobierno de Gerald Ford (1974 1977) e inicios del de James Carter (1977 1981), cuando se produjo un efímero proceso de normalización de relaciones entre ambos países. Ese proceso se debe a un fugaz predominio en los círculos de gobierno e los Estados Unidos de corrientes que consideraban necesario reconocer la erosión de su poderío, evidente en la década de 1970, que abogaban por la distensión con la URSS, un reajuste de la carga de derechos y deberes en la alianza atlántica, y una política menos intervencionista en el Sur.

 

Un conjunto de fracasos y retrocesos, entre los que resaltan la paridad nuclear adquirida por la URSS en la década de 1960, los avances del proceso de descolonización en el Sur, la rebelión de esos nuevos Estados simbolizada por la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la lucha un Nuevo Orden Económico Internacional, la derrota del imperialismo norteamericano en Viet Nam, el escándalo de Watergate, la revelación de los llamados Papeles del Pentágono y el descubrimiento público del papel desempeñado por la administración Nixon en el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, desatan la llamada oleada moralista en la cual se inscribe el Informe de la Comisión Linowtiz, que sirve de base a la política de la administración Carter hacia América Latina en los primeros meses de su mandato que, entre otros temas, como la necesidad de llegar a un acuerdo con Panamá para entregarle canal interoceánico, afirma que la Revolución cubana es irreversible, considera que al intentar aislarla con los Estados Unidos los que se aíslan de América Latina y el mundo, y aboga la normalización de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, esa política fue liquidada por la «revolución conservadora» liderada por Ronald Reagan que, entre otros cambios, obligó a revertir la normalización de relaciones con Cuba. Le siguió el reforzamiento del bloqueo y el aislamiento durante los ocho años de gobierno de Reagan, y después los intentos de aprovechar la desaparición de la URSS para asestarle el golpe de gracia a la Revolución.

 

Cabe finalizar este acápite con la afirmación de que el proceso de normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba se produjo en un momento en que los gobernantes de ese país se convencieron de que la Revolución Cubana era irreversible, y que al intentar aislarla, eran ellos quienes se aislaban. Solo en condiciones análogas podrá abrirse en el futuro un proceso similar. Corresponde a Cuba crear y mantener esas condiciones.

 

La Revolución Cubana y las luchas populares en América Latina y el Caribe


La Revolución Cubana abrió una etapa de la historia de América Latina y el Caribe que abarcó hasta finales de la década de 1980. Esa etapa estuvo caracterizada por el enfrentamiento entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución, cuyas máximas expresiones fueron el flujo y reflujo de la lucha armada emprendida, en diferentes países y momentos, por diversos movimientos revolucionarios, y la represión desatada por las dictaduras militares de «seguridad nacional»,(4) que actuaron como punta de lanza del imperialismo y las élites criollas.

 

La lucha popular latinoamericana brota a comienzos del siglo xx, en medio de la expansión y afianzamiento de la dominación del imperialismo norteamericano en la Cuenca del Caribe; de la acumulación de contradicciones sociales en la región, en especial las zonas rurales; del crecimiento de la clase obrera en los países de mayor desarrollo industrial relativo; y de la influencia de las ideas anarquistas y socialistas —reformistas y revolucionarias— que desde las últimas décadas del siglo xix traían los inmigrantes europeos, las cuales desempeñan un papel crucial en la creación de sindicatos y en la fundación de los primeros partidos socialistas y comunistas.

 

La Revolución mexicana de 1910 1917, la Revolución Rusa de 1917 y la lucha librada, entre 1926 y 1934, por el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, encabezado por Augusto C. Sandino, provocan un salto cualitativo en la conciencia y en la organización política y social de los sectores populares latinoamericanos, incluido su desarrollo programático. De obligada referencia es el impacto socioeconómico que tuvo en América Latina la crisis capitalista de 1929 a 1933, factor desencadenante de acontecimientos como la insurrección campesina salvadoreña de 1932, la República Socialista implantada en Chile en 1932 por el coronel Marmaduke Grove, la Revolución de los estudiantes y sargentos ocurrida en Cuba en 1933, y las acciones armadas realizadas en 1935 en Brasil por la Alianza Nacional Libertadora, dirigidas por Luiz Carlos Prestes.

 

Desde la propia década de 1930 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939 1945), tanto las necesidades de la acumulación desarrollista, como la política de crear amplios frentes populares antifascistas, al que llama en 1935 la IV Internacional, coadyuvan al establecimiento de un sistema de alianzas políticas y sociales que en algunos países sirve de base a procesos de reforma social progresista, entre los cuales sobresale el cardenismo mexicano (1934 1940). La Revolución Guatemalteca de 1944 se ubica entre este período y el inicio de la guerra fría, en 1946, en cuya principal víctima se convierte con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, en 1954. También en la guerra fría ocurre el triunfo y el ocaso de la Revolución Boliviana de 1952.

 

La característica distintiva de la Revolución Cubana es el desarrollo exitoso de la lucha armada revolucionaria, rural y urbana, emprendida por una vanguardia como elemento desencadenante de un proceso de acumulación de fuerzas políticas y militares, al cual se suma la inmensa mayoría del pueblo en sus momentos culminantes, y que desemboca en la conquista del poder político, y en la construcción de un Estado y una sociedad revolucionarios, que en poco más de dos años asumen una identidad socialista.

 

Consecuente con la convicción de que solo la revolución socialista es capaz de liberar a los pueblos, que ella presupone el empleo de la violencia revolucionaria para enfrentar la violencia contrarrevolucionaria, y que en América Latina existía entonces una situación revolucionaria, en esa etapa Cuba defendió y apoyó la lucha armada donde y cuando creyó que había las condiciones para desarrollarla. El respaldo brindado al gobierno de la Unidad Popular en Chile, electo en 1970 acorde con las reglas y ataduras de la democracia burguesa, no fue inconsistente con esa política, sino la aplicación de una variable concebida dentro de ella: la posibilidad de que la izquierda llegase al gobierno por la vía pacífica, y una vez en esa posición se viese obligada a repeler la violencia contrarrevolucionaria, como en efecto ocurrió, aunque de manera infructuosa. Tampoco fue inconsecuente con esa política su actitud hacia los procesos de defensa de la soberanía nacional y reforma social liderados por militares como Juan Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá y Juan José Torres en Bolivia, sino el resultado de la comprensión de que en las fuerzas armadas hay sectores capaces de liderar proyectos de orientación popular, como hace en Venezuela, desde 1992, el presidente Hugo Chávez.

 

Hitos en esa etapa son el proyecto de extender la lucha armada por varios países de América del Sur protagonizado por el comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia (1967), los triunfos de la Revolución Granadina y la Revolución Nicaragüense, en marzo y julio de 1979, respectivamente, y el auge alcanzado a partir de ese años por la lucha armada en El Salvador. Sin embargo, como resultado de la violencia contrarrevolucionaria ejercida por el imperialismo norteamericano y sus aliados criollos, las debilidades y errores de las fuerzas populares, y el cambio en la correlación mundial de fuerzas provocado por el desmoronamiento de la URSS, en América Latina y el Caribe fueron destruidos todos los proyectos populares, tanto de naturaleza revolucionaria como reformista, emprendidos con posterioridad al triunfo de la Revolución Cubana.

 

Aunque hay procesos que lo prenuncian —entre ellos las transiciones que pusieron fin a la las dictaduras militares de «seguridad nacional» y el auge de la lucha popular en países como Brasil, Uruguay y México— y hay procesos que marchan a la zaga —como la firma en 1996 de los Acuerdos de Nueva York que dieron por terminada la insurgencia en Guatemala y la persistencia del conflicto armado en Colombia, cuya solución negociada es cada día más imperiosa—, entre 1989 y 1992 se cierra la etapa histórica abierta por la Revolución Cubana, y se inicia la etapa actual, en la que predominan la combatividad de los movimientos sociales en lucha contra el neoliberalismo y los avances electorales obtenidos por fuerzas de izquierda y progresistas.

 

Los acontecimientos internacionales que inciden en lo que podemos definir como una transformación radical de las condiciones en las que se desarrollan las luchas populares en América Latina y el Caribe, son la caída del Muro de Berlín (1989), símbolo de la restauración capitalista en Europa Oriental, y el desmoronamiento de la URSS (1991), que marca el fin de la bipolaridad. En nuestra región, el inicio de la unipolaridad se manifiesta en la intervención militar de los Estados Unidos en Panamá (1989), la derrota «electoral» de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua (1990), la desmovilización de una parte de los movimientos guerrilleros en Colombia (1990 1991)(5) y, como colofón, en la firma de los Acuerdos de Chapultepec (1992), que concluyen doce años de insurgencia en El Salvador, el país latinoamericano donde esa forma de lucha alcanzaba por entonces el mayor desarrollo e intensidad.

 

En las nuevas condiciones, por primera vez en América Latina y el Caribe, partidos, movimientos, frentes y coaliciones de izquierda, en los que convergen muy diversas corrientes políticas e ideológicas, ocupan, de manera estable, espacios institucionales dentro de la democracia burguesa, cuyo funcionamiento se extiende, también por primera vez, en una región donde, salvo excepciones, desde la independencia de España y Portugal, predominaron la dictadura y el autoritarismo.

 

La metamorfosis que sufrió la izquierda latinoamericana y caribeña entre finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990 fue traumática: desconcierto, frustración, extinción y división de partidos y movimientos; reestructuración organizativa; redefinición programática, y nuevas políticas de alianzas. En ese contexto, no fue homogénea la actitud de todos los sectores de esa izquierda con relación a Cuba. La expectativa, por entonces muy extendida, de que la Revolución Cubana tenía los días contados, puso en boga el apoyo al derecho de Cuba a construir el proyecto de sociedad que considerase conveniente, pero tomando distancia del proyecto en si. Esa era una forma de cumplir con el entonces usual exorcismo del llamado paradigma soviético, con el cual se identificaba a Cuba, y de hacer constar la renuncia de esos sectores a la transformación social revolucionaria. Sin embargo, en la medida en que la Revolución Cubana demostró su capacidad de resistir y vencer, y en que se hizo evidente que América Latina y el Caribe entraba en una nueva etapa, en la cual una experiencia similar a la cubana sería irrealizable, por lo que desaparecía el temor de ser asociados con ella, esa solidaridad «a medias» cayó en desuso.

 

Lejos de quedar anclada en el pasado, en esta nueva etapa histórica la Revolución Cubana participa de forma activa en la ampliación de horizonte de lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, por iniciativa conjunta de Fidel y Lula, en julio de 1990 se efectuó el Encuentro de Partidos y Organizaciones Políticas de América Latina y el Caribe, luego rebautizado con el nombre Foro de São Paulo, espacio que ha jugado un papel crucial en el proceso de reestructuraciones y redefiniciones programáticas de la izquierda. Una labor constructiva similar realiza en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), mientras que las organizaciones cubanas de masas y sociales hacen lo propio con sus homólogos del continente. Por solo citar un caso, si en la etapa anterior Cuba desempeñó un papel protagónico en la campaña por el no pago de la deuda externa, en la actual lo hizo en la campaña de lucha contra el ALCA.

 

Aunque hipotéticamente las ideas de la Revolución Cubana fuesen hoy irrealizables en América Latina y el Caribe, solo por haber resistido el embate del imperialismo durante 50 años bastaría para afirmar, que en esta nueva etapa, Cuba sigue haciendo un aporte fundamental a la lucha de los pueblos: mostrar que se puede mantener la soberanía, la independencia y la autodeterminación nacional, requisito indispensable para cualquier tipo de proyecto de transformación social, sea ésta revolucionario o reformista. Sin embargo, el aporte de Cuba es mucho mayor: mientras más gobiernos de izquierda y progresistas son electos en la región, más se constata la vigencia de sus ideas sobre la diferencia entre gobierno y poder.

 

El cambio de etapa histórica trae aparejado su propio debate sobre qué es ser de izquierda, pero cualquiera que sea el criterio para definir qué es hoy un gobierno de izquierda o progresista, sea el más estrecho o el más amplio, el resultado no tiene precedente en la historia de América Latina y el Caribe. Por solo hablar de un indicador, digamos que, además del Partido Comunista de Cuba, partidos y movimientos políticos miembros del Foro de São Paulo ocupan una posición, principal o secundaria, según el caso, en los gobiernos de 13 naciones de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Dominica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, y San Vicente y las Granadinas.

 

Rosa Luxemburgo sentenció que: «La reforma legal y la revolución no son […] diversos métodos del progreso histórico que a placer podemos elegir en la despensa de la Historia, sino momentos distintos del desenvolvimiento de la sociedad de clases…».(6)Resulta obvio que América Latina y el Caribe no se encuentran en un momento de revolución, pero una parte de los gobiernos de izquierda y progresistas de la región ni siquiera hace reformas, sino solo administra el Estado neoliberal heredado, mientras la otra parte emprende reformas que no frenan el proceso de concentración de la riqueza. Incluso en Venezuela, el país que más insiste en su vocación de transformación social revolucionaria, y que más tiempo lleva inmerso en ese proceso, la renta petrolera permite cubrir el aumento del gasto social sin afectar al sector privado, cuyas ganancias crecen mucho más que antes de la Revolución Bolivariana. En realidad, la Revolución fortalece al capital nacional y extranjero porque buena parte de ese gasto social va a parar a sus arcas. Algo análogo, aunque en menor escala, sucede en Bolivia con el aumento de los ingresos derivado de la renegociación de los contratos para la explotación del gas natural.

 

Parecería injusto mencionar aquí las limitaciones estructurales de las reformas emprendidas por Hugo Chávez y Evo Morales, pero el shock que les provocó escuchar eso ayuda a comprender las consecuencias del anclaje de los gobiernos de izquierda dentro del capitalismo, que en el resto de los casos es peor. No se trata de exigir a esos gobiernos que hagan lo que sus críticos de ultra izquierda tampoco podrían hacer si ocupasen su posición. Que nadie dude de nuestro respaldo a los procesos de reforma liderados por Chávez, Lula, Evo, Tabaré, Daniel, Correa y Lugo. Lo que decimos es que el barco de las luchas populares latinoamericanas y caribeñas no arribó a otro puerto seguro y definitivo, que no era el previsto por Fidel y el Che. El único puerto seguro y definitivo es la revolución socialista, y si no llega a él, ese barco seguirá navegando hasta hundirse en el océano de la barbarie capitalista. Si asumimos que el neoliberalismo es el capitalismo real de nuestros días, que dispone de mecanismos transnacionales de dominación para impedir la ejecución de reformas nacionales de izquierda o progresistas, y que ninguno de esos gobiernos ha roto con este sistema social —al margen de si existen o no condiciones para ello, y de si esa es o no su meta—, concluiremos que los problemas estructurales como la concentración de la riqueza no tienen solución en la sociedad capitalista, y que el anclaje de estos gobiernos dentro del capitalismo, con independencia de que obedezca o no a su voluntad, implica el pago de un creciente costo político con los sectores populares. De manea que lo que cambia en esta nueva etapa histórica no es el objetivo, sino las formas de lucha. Lo nuevo es que la izquierda ya no solo lucha por el poder desde la oposición, sino que también puede hacerlo desde el gobierno. Es actual reto es transitar del ejercicio del gobierno al ejercicio del poder, y ello presupone, que en algún momento deberán encarar la disyuntiva de romper con el capitalismo real y construir sociedades socialistas, o resignarse a que su papel sea contribuir a un mero reciclaje del sistema de dominación.

 

Hoy adquieren renovada vigencia las palabras del Che cuando afirma que el poder es «el instrumento indispensable para aplicar y desarrollar el programa revolucionario, pues si no se alcanza el poder, todas las demás conquistas son inestables, insuficientes, incapaces de dar las soluciones que se necesitan, por más avanzadas que puedan parecer»(7) y que «tránsito pacífico no es el logro de un poder formal en elecciones o mediante movimientos de opinión pública sin combate directo, sino la instauración del poder socialista, con todos sus atributos, sin el uso de la lucha armada».(8)

 

No es la intención de estas líneas sugerir que los actuales gobiernos de izquierda y progresistas son intrascendentes o contraproducentes —como algunos afirman. El Che reiteraba que los pueblos acuden a la revolución cuando se convencen de que las vías legales para cambiar su intolerable situación están cerradas, y obviamente los pueblos de América Latina y el Caribe no han llegado aún a ese convencimiento en esta etapa. Conscientes o no, esos gobiernos llenan un expediente histórico: le están mostrando a los pueblos a qué pueden y a qué no pueden aspirar por la vía legal, dentro del capitalismo, y si se puede o no se puede transitar al socialismo por una vía pacífica. Eso tiene gran valor porque, más temprano que tarde, sin dudas dentro del siglo XXI, los pueblos tienen que resolver la disyuntiva histórica entre el socialismo o la barbarie. Aunque solo fuese por llenar ese expediente, el papel de esos gobiernos es positivo; pero, en realidad, hacen mucho más que eso porque dentro y fuera de ellos se libran importantes batallas políticas e ideológicas y se forman cuadros capaces de actuar cuando en América Latina se presente una nueva situación revolucionaria.

 

La revolución socialista latinoamericana del siglo XXI tendrá su «sello de época», igual que lo tuvieron, en su momento, las revoluciones rusa, china, coreana, vietnamita y cubana. El sujeto de la revolución no será solo la clase obrera, o estará formado solo por la alianza obrero campesina; ese sujeto será integrado por todos los sectores oprimidos del pueblo, tal como lo prenunció Fidel en La historia me absolverá. No habrá un partido de vanguardia porque la complejidad de ese sujeto social admite alianzas, pero no homogenizaciones, y porque la reiterada usurpación del término hecha por vanguardias autoproclamadas, vulgarizó un concepto que tanto brilló en boca de Lenin. La relación entre las fuerzas políticas plurales que actúen como vanguardia colectiva y las fuerzas sociales también plurales que esa vanguardia se comprometa a representar será de igual a igual, respetuosa y complementaria, y no una relación entre motor y polea de transmisión que históricamente cumplió su función en la Revolución de Octubre de 1917, pero que en nuestra región demasiadas veces sirvió como pretexto para manipular a los movimientos populares.

 

Como uno de los legados de esa rica etapa histórica que abrió la Revolución Cubana, el socialismo latinoamericano no hará distinción entre creyentes y no creyentes, ni entre religiones cristianas y no cristianas, como las de los pueblos originarios, los afrodescendientes y otras. El sentido común indica que en los últimos cincuenta años, un número muy superior de creyentes que de no creyentes enarbolaron las banderas de la revolución y el socialismo en América Latina, y dieron sus vidas por ellas. Genero, etnia, cultura franja de edad, preferencia sexual y otros criterios forman parte del paradigma de igualdad y respeto a la diversidad del sujeto social que emprenderá la construcción del socialismo latinoamericano y caribeño, sin olvidar que la esencia sigue siendo el tránsito a la socialización plena de los medios de producción, y el contenido y la forma que la propiedad de estos últimos adoptará.

 

Nada de esto es nuevo. De todo ello habla desde hace años y, quizás, hasta de manera sobredimensionada, porque a esos elementos se atribuye el papel determinante en la formación de la identidad del futuro socialismo latinoamericano. Sin dudas, su papel será fundamental pero lo determinante es cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones tendrá lugar la conquista del poder político. Sin estas respuestas, que aun nos faltan, no puede hablarse de socialismo del siglo xxi, socialismo en el siglo XXI o cualquier noción similar, más que como una utopía realizable de contornos aún muy difusos.

 

Las relaciones con los gobiernos de América Latina y el Caribe


Antes de entrar en los aspectos políticos de este tema, es preciso señalar que hay un elemento de la proyección de la Revolución Cubana hacia los pueblos de América Latina y el Caribe, que es invariable, sin distinción por la afinidad o el enfrentamiento que pueda existir entre esos gobiernos y el nuestro. Se trata de la ayuda destinada a restañar los daños ocasionados por desastres naturales.

 

Las relaciones entre el Gobierno Revolucionario de Cuba y los del resto de América Latina y el Caribe, han transitado por cinco momentos, que, a grosso modo, se corresponden con sus cinco décadas de existencia: el aislamiento total a Cuba en la década de 1960; el restablecimiento de las relaciones en la década de 1970; el enfrentamiento común a la política de fuerza de Ronald Reagan en la década de 1980, las presiones contra Cuba a raíz de la desaparición de la Unión Soviética en la década de 1990, y el estrechamiento de relaciones con los gobiernos de izquierda y progresistas en la década de 2000.

 

Fracasado el intento de obtener el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para intervenir militarmente en Cuba (Caracas, 1959), derrotada la invasión a Playa Girón (1961) y demostrada, durante la Crisis de Octubre (1962), la voluntad del pueblo cubano de vencer o morir, las sanciones aprobadas por la OEA en Punta del Este (1962) contienen los elementos complementarios a los que el imperialismo puede aspirar como «plan máximo» contra Cuba, desde el punto de vista del aislamiento regional: la formación de un consenso multilateral excluyente, a partir del cual, promover la ruptura de las relaciones diplomáticas consulares y comerciales. México fue el único gobierno de la OEA que, en virtud de la Doctrina Estrada, no rompió relaciones con Cuba.

 

El aislamiento de Cuba se rompe en la década de 1970, gracias a una nueva configuración del mapa político regional que incluye a los gobiernos del general Juan Velasco Alvarado en Perú (1968 1975), el coronel Omar Torrijos en Panamá (1968 1981), el general Juan José Torres en Bolivia (1970 1971), el presidente Salvador Allende en Chile (1970 1973), el general Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1972 1976) el presidente Héctor Cámpora en Argentina (1973),(9) y a los gobiernos de los recién independizados países del Caribe: Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago. Estos países no solo restablecen sus relaciones bilaterales con Cuba, sino también fuerzan a la OEA a levantar la prohibición de mantenerlas, ejercen presión para que Cuba sea readmitida a esa organización y demandan una democratización del sistema interamericano. El desplome del aislamiento contra Cuba desata un efecto de acción y reacción con el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos mencionado en el acápite anterior: el masivo restablecimiento de relaciones con Cuba mueve a los gobernantes estadounidenses a evitar su propio aislamiento; y el proceso de normalización emprendido por los Estados Unidos despeja el camino para el reacercamiento a Cuba de los gobernantes latinoamericanos y caribeños más timoratos.

 

Aunque durante los dos mandatos de Ronald Reagan (1981 1989), el imperialismo norteamericano recrudece la política de agresiones, bloqueo y aislamiento contra Cuba, ello no provoca distanciamiento entre esta última y los demás gobiernos de América Latina y el Caribe, porque su renovado apoyo a las dictaduras militares de «seguridad nacional», sus amenazas de intervención directa en el llamada conflicto centroamericano, el apoyo que le brindó a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas (1982), la política draconiana asumida por Reagan ante la crisis de la Deuda Externa (1982) y la invasión a Granada (1984), generaron una intensificación sin precedentes de las contradicciones entre el gobierno de los Estados Unidos y sus pares latinoamericanos y caribeños. En este contexto, se revitalizan los llamados al reingreso de Cuba a la OEA y a favor de la creación de una organización regional que incluyese a Cuba y excluyese a los Estados Unidos.

 

El cambio en la configuración estratégica del mundo provocado por el derrumbe de la Unión Soviética, la imagen omnipotente que proyectaba de si el imperialismo norteamericano y la percepción de que la Revolución Cubana tenía sus días contados, provocaron un brusco cambio de actitud de los gobiernos latinoamericanos con respecto a Cuba, no así de los caribeños que en mantuvieron su oposición a la política de bloqueo y aislamiento. Hasta ese momento, los principales miembros del Grupo de Río abogaban por el levantamiento de las sanciones contra Cuba en la OEA y su reingreso a esa organización. Sin embargo, como expresión de la nueva situación, en la Cumbre de Cartagena (1991), ese mismo grupo emitió, por primera vez, una declaración crítica sobre la «democracia» y los «derechos humanos» en Cuba. Esta crítica fue reiterada en varias ocasiones y hecha extensiva a las reuniones entre la Unión Europea y América Latina. Aunque no se produjo el aislamiento diplomática o comercial que promovían los Estados Unidos, sí se generaron tensiones y fricciones por la sumisión de varios gobiernos a la renovada campaña anticubana.

 

Con la elección de líderes de izquierda o progresistas a la presidencia de varios países, entre los que se destacan Venezuela (1998), Brasil (2002), Uruguay (2004), Bolivia (2005), Nicaragua (2006), Ecuador (2006) y Paraguay (2008), que se unen a los de Guyana, Haití, Dominica, y San Vicente y las Granadinas en el Caribe, las relaciones de Cuba vuelven a ampliarse y consolidarse, al tiempo que se abren espacios de colaboración bilateral y multilateral en diversas esferas. Entre esos espacios resaltan la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (ALBA TCP), formado por Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua y Venezuela, que tras haber construido su andamiaje estructural y legal, debe comenzar a funcionar de forma efectiva— y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), cuya composición actual, más aún si se destraba el ingreso de Venezuela, debería permitirle transitar del concepto neoliberal con que fue creado, al concepto popular de integración, pero esto también depende de la ruptura con el capitalismo real.

 

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Notas:

 

1. Fidel Castro: La Historia me absolverá (edición anotada), Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1973, pp. 55-57.

 

2. Miguel A. D’Estéfano Pisani: Política Exterior de la Revolución Cubana. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002, p. 253.

 

3. A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, en el contexto de la Alianza para el Progreso lanzada por el presidente John F. Kennedy, en 1962 al Sistema Interamericano se le adiciona el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

4. «En respuesta al incremento de la lucha popular, a raíz del golpe de Estado que derrocó al gobierno de João Goulart en Brasil, en abril de 1964, el presidente Lyndon Johnson desechó la tradicional monserga democrática empleada por los gobernantes estadounidenses para justificar su injerencia e intervención en América Latina, y enunció la Doctrina Johnson, la cual proclama abiertamente que los Estados Unidos prefieren contar con aliados seguros a tener vecinos democráticos. La Doctrina Johnson fue la plataforma de lanzamiento de las dictaduras militares de «seguridad nacional», que ejercieron, con brutalidad sin precedentes, la capacidad represiva de las fuerzas armadas —multiplicada por el asesoramiento, entrenamiento y equipamiento de los Estados Unidos—, con el propósito de destruir a los partidos, organizaciones y movimientos populares y de izquierda; desarticular las alianzas sociales y políticas construidas durante el período desarrollista; y sentar las bases para la reforma neoliberal, iniciada en la segunda mitad de los años setenta.» Roberto Regalado: América Latina entre Siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda, Ocean Sur, México D.F., 2006, p.

 

5. Se refiere a la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M 19), en marzo de 1990, y del Movimiento Guerrillero Quintín Lame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de parte del Ejército Popular de Liberación, estos tres últimos en febrero de 1991.

 

6. Rosa Luxemburgo: Reforma o Revolución y otros escritos contra los revisionistas. Editorial Fontamara, México D. F., 1989, pp. 118 119.

 

7. Ernesto Che Guevara: «Cuba: ¿Excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista?», Che Guevara presente, Centro de Estudios Che Guevara, La Habana, Ocean Press, Melbourne, 2004, p. 145.

 

8. Ernesto Che Guevara: «Táctica y estrategia de la Revolución Latinoamericana», Che Guevara presente, Centro de Estudios Che Guevara, La Habana, Ocean Press, Melbourne, 2004, p. 310.

 

9. Héctor Cámpora era el representante del ex general Juan Domingo Perón, líder del Partido Justicialista, exiliado entonces en España, razón por la cual renunció a la presidencia para facilitar que Perón fuese electo a ese cargo en septiembre del propio año 1973.



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