La concertación, la cooperación y la integración en la historia de América Latina

7 de Agosto de 2013 | 

Ponencia presentada por el politólogo cubano Roberto Regalado en la II Escuela de Formación Política del Foro de São Paulo

Por Roberto Regalado


 

Introducción


Gran interés despierta el surgimiento en los últimos años en América Latina y el Caribe de varios mecanismos intergubernamentales de concertación política, integración económica y/o cooperación en diversas esferas. Los más recientemente creados son la Asociación de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La característica más sobresaliente de este último es que agrupa a todas las naciones del subcontinente, explicitemos que sin la participación de los Estados Unidos y Canadá, atributo que sugiere una asociación de ideas con los sueños de unidad de muchos hijos e hijas de la que José Martí llamó Nuestra América.

 

Los antecedentes históricos de la problemática de la concertación, la cooperación, y la integración latinoamericana y caribeña datan de hace más de 520 años. Mediante la dominación colonialista, el aplastamiento socio‑étnico‑cultural, el sometimiento de los aborígenes a formas de trabajo semiesclavo y la importación de esclavos africanos, Nuestra América fue incorporada a la entonces naciente formación económico social capitalista como suministradora de riqueza que abonó el proceso de acumulación originaria del capital.[1] Se fija así su ubicación subordinada y dependiente en la división internacional del trabajo, que muta acorde con las exigencias de cada estadio de desarrollo del capitalismo, pero sin que deje de llevar, junto a Asia y África, la peor parte de los efectos de la Ley del desarrollo económico y político desigual.

 

Saqueada del oro y la plata de sus minas en los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII –sin recibir a cambio bien europeo alguno–, y luego sujeta a diversas modalidades de intercambio desigual de productos primarios por productos industriales, que repercute en una siempre creciente deuda externa, y por momentos incluso «desconectada» de las principales potencias capitalistas,[2] de esta historia de dominación, explotación, subordinación y dependencia, se deriva que cada una de las naciones latinoamericanas estableció –y sigue aprisionada por– relaciones económicas, comerciales y financieras verticales con potencias extra regionales. Lo mismo sucede con los países de habla inglesa, francesa y holandesa del Caribe que accedieron a la independencia en la segunda posguerra mundial. El correlato de esas relaciones verticales es la desintegración o falta de integración económica del subcontinente. A pesar de los mecanismos regionales y subregionales de «integración» creados a partir de la década de 1960, esta sigue siendo una utopía, entendida según la conocida definición de Eduardo Galeano: mientras más caminamos hacia ella más se aleja, pero nos impulsa a caminar.

 

Es común oír, en genérico, alusiones a los mecanismos intergubernamentales existentes en América Latina y el Caribe como mecanismos de integración. Si bien esas funciones se interrelacionan en mayor o menor medida, en el caso del subcontinente se ha avanzado mucho más en la concertación y la cooperación, mientras que en la «integración» priman los acuerdos comerciales y de inversiones basados en el regionalismo abierto, que refuerzan la histórica relación vertical de cada nación latinoamericana y caribeña con los centros de poder mundial y, por consiguiente, impiden una genuina integración regional orientada a satisfacer las necesidades de los pueblos. En rigor, no puede decirse que en todos los países de América Latina y el Caribe exista la conciencia, la voluntad y la decisión de construir esa genuina integración. Esta todavía una batalla que debemos librar «cuesta arriba».

 

Las primeras ideas de unidad latinoamericana fueron de Francisco de Miranda (1750‑1816), quien concibió un imperio llamado Colombia, formado por los territorios de Hispanoamérica y Brasil. Quien más hizo para tratar de forjar esa unidad fue su discípulo, Simón Bolívar (1783‑1830), cuya visión era la de una república federal también llamada Colombia. Con ese propósito, recién concluido el proceso de independencia de Hispanoamérica, en 1826, a instancias de Bolívar se celebra el Congreso Anfictiónico de Panamá. Sin embargo, este fracasa debido a que las repúblicas hispanoamericanas eran demasiado extensas y diversas,[3] y carecían de un desarrollo económico y un mercado capitalistas que sirvieran de base para asentar una unidad nacional.[4] De modo que la naciente América Latina resultó incapaz de establecer vínculos políticos, económicos y sociales que cimentaran su unidad.

 

Aunque Gran Bretaña fue la principal metrópoli neocolonial de América Latina entre las décadas de 1850 y 1920, a la larga fueron los Estados Unidos los que, partiendo de su supremacía inicial en la Cuenca del Caribe, progresivamente lograron vencer las resistencias y afianzar su dominación política, económica, militar y cultural en todo el subcontinente. Esa dominación fue impuesta mediante la combinación de dos mecanismos, a saber, las acciones unilaterales de fuerza y la construcción de un sistema de relaciones intergubernamentales hegemonizado por esa nación.

 

Las acciones unilaterales de fuerza contra las naciones latinoamericanas y caribeñas comienzan durante la fase de expansión territorial de los Estados Unidos en la masa continental de América del Norte (1777‑1853), período durante el cual se produce, entre otros, el despojo de más de la mitad de los territorios de México mediante la Guerra de 1847 y la Compra de Gadsen (1853). Por su parte, la construcción del llamado Sistema Interamericano comienza en el período en que los Estados Unidos ingresan en la fase imperialista del capitalismo, con la celebración de la Primera Conferencia Internacional de las Repúblicas Americanas (1889‑1890) y la Conferencia Aduanera Internacional Americana (1891), y solo logra materializarse alrededor de cinco décadas después –a raíz del ascenso de los Estados Unidos al peldaño de principal potencia imperialista, ocurrido en la Segunda Guerra Mundial–, mediante la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID, 1942), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948), complementado después del triunfo de la Revolución Cubana con la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1962).

 

En los primeros tres lustros de la posguerra, la hegemonía estadounidense sobre el resto de las naciones imperialistas fue reforzada en virtud de su papel protagónico principal en la guerra fría, la reconstrucción posbélica y la carrera armamentista, mientras en América Latina su dominio se extendió y profundizó con la imposición de dictaduras militares y gobiernos civiles autoritarios dóciles a sus dictados, justificada con el pretexto de combatir la «amenaza extracontinental del comunismo». En los años cincuenta, la época del macartismo y el rock and roll, los afiebrados delirios de conquista, dominación, explotación y «grandeza» de los «padres fundadores» (founding fathers) parecían haber encarnado –en una magnitud y con un alcance que ellos no podían siquiera haber imaginado–, en un supuestamente sólido sistema de dominación imperialista mundial que, sin embargo, resultó no ser tan sólido porque se resquebrajó e hizo crisis entre finales de los años sesenta e inicios de los setenta.

 

La reconstrucción de la planta productiva europea occidental, la conversión de la industria militar alemana y japonesa en industria civil, y el crecimiento de la capacidad productiva y exportadora de los «tigres asiáticos» –fomentado por las potencias imperialistas en función de sus intereses geopolíticos–, repercutían en el desemboque de una creciente masa de mercancías y capitales en un mercado mundial cuya capacidad de absorberlos crecía a un ritmo mucho más lento, y en el que los Estados Unidos seguían volcando su propia masa de mercancías y capitales, con igual o mayor intensidad que en los años precedentes, cuando era prácticamente su único abastecedor. Ello provocó el agravamiento de la crisis general del sistema capitalista de producción, cuyos efectos el mundo sigue y seguirá padeciendo, cada día más.

 

La correlación mundial de fuerzas pasó a ser menos desfavorable para la URSS en virtud de que esta logró emprender la construcción de vehículos intercontinentales portadores de armas, lo cual repercutía en el establecimiento de una paridad nuclear estratégica, y también por el entonces aparente achicamiento de la brecha económica y científico‑técnica que la separaba de las potencias imperialistas en la «competencia Este‑Oeste». En estrecha asociación con lo anterior, esa correlación se inclinaba a favor de las luchas independentistas y revolucionarias en el «Tercer Mundo», en la medida en que la descolonización de África del Norte y Asia coadyuvaba a intensificar la lucha anticolonialista en África Subsahariana, la acción del Movimiento de Países No Alineados y la demanda de un Nuevo Orden Económico Internacional.

 

En la América Latina de la década de 1960, el agotamiento de los proyectos nacional‑desarrollistas que paliaron la desconexión sufrida por la región a partir de la crisis de 1929, el creciente rechazo a la opresión y represión características de la guerra fría y la repercusión del triunfo de la Revolución Cubana, ocurrido el 1ro. de enero de 1959, provocan un auge de las luchas de la izquierda y el movimiento popular que incluye: el flujo y reflujo de la lucha armada revolucionaria, coronado con el acceso al gobierno del Movimiento de la Nueva Joya en Granada, en abril de 1979, y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, en julio del mismo año; experiencias relevantes de lucha electoral como el gobierno de la Unidad Popular en Chile (1970‑1973) y la construcción del Frente Amplio en Uruguay (1973); y los gobiernos militares progresistas de Juan Velasco Alvarado (Perú, 1968-1975), Omar Torrijos Herrera (Panamá, 1978-1981), Juan José Torres (Bolivia, 1970-1971) y Guillermo Rodríguez Lara (Ecuador, 1972-1975).

 

En los Estados Unidos, el opresivo y represivo clima macartista –no así el antisovietismo y el anticomunismo prevalecientes– sucumbían bajo la presión de los movimientos de protesta que estremecieron a esa nación en las décadas de 1960 y 1970, entre los cuales resaltan los movimientos por los derechos civiles, estudiantil, antibélico y de la contracultura, al tiempo que Europa Occidental también era escenario de protestas típicas de las entonces llamadas sociedades afluentes, cuya máxima expresión fue el mayo francés de 1968.

 

La erosión del poderío del imperialismo norteamericano «toca fondo» entre finales de los años sesenta y la primera mitad de los setenta. Baste mencionar acontecimientos destacados de ese momento como las Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas entre los Estados Unidos y la URSS (1969‑1972) concluidas con la firma del tratado SALT I; los «shocks de Nixon» (1971‑1973), que incluyen la cancelación de la paridad dólar‑oro establecida en los Acuerdos de Bretton Woods; el Escándalo de Watergate (1972), que obligó a la renuncia del presidente Nixon y el vicepresidente Agneu; y, como colofón, la derrota sufrida en la Guerra de Viet Nam, que obliga a los Estados Unidos a firmar los Acuerdos de París (1975).

 

Tras la defenestración de Nixon, durante la presidencia de su sucesor constitucional, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Gerald Ford (1974‑1977) y también durante el mandato del presidente demócrata James Carter (1977‑1981), en los círculos de poder de los Estados Unidos se libraba una encarnizada guerra en torno a una opción estratégica: ¿cómo reaccionar ante la declinación del poderío del imperialismo norteamericano? ¿Aceptarla como irreversible y negociar, con aliados y enemigos, una nueva repartición de cuotas de poder menos ventajosa –pero ventajosa, a fin de cuentas– para los Estados Unidos? ¿Utilizar la supremacía militar estadounidense, como elemento de presión sobre los aliados y de chantaje contra los enemigos, para recuperar el terreno perdido en el ámbito económico?

 

La administración de Ronald Reagan (1981‑1985‑1989) es la que «resuelve» las disputas sobre el rumbo estratégico que adoptaría el imperialismo norteamericano durante las últimas décadas del siglo XX y en lo adelante, es decir, impone el llamado consenso bipartidista que hasta hoy impera en los asuntos medulares de ese país. En relación con la disyuntiva acerca de la conveniencia de adoptar una política interna y externa conciliadora o agresiva, tanto en la condición de candidato presidencial en 1976 y 1980, como en su carácter de presidente de 1981 a 1989, Reagan mantuvo una postura invariable a favor del uso de la represión y la fuerza. Con él no habría un «balance de poder mundial» como había propuesto Kissinger apenas años antes. Los aliados tendrían que compartir los costos –más que los beneficios– de la dominación mundial, mientras que a la URSS no solo se le negaría el reconocimiento de sus «esferas de influencia», sino incluso el de su propio derecho a existir: la doctrina de la contención sería sustituida por la doctrina de la reversión del comunismo (roll back).

 

Los orígenes: el Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora y la fusión de ambos en el Grupo de los Ocho


La UNASUR y la CELAC son resultados de un proceso de concertación política entre gobiernos latinoamericanos iniciado en la década de 1980, que atravesó por varias etapas, algunas de ellas contradictorias entre sí, derivadas de los cambios en el sistema de relaciones internacionales, en la correlación regional de fuerzas entre derecha e izquierda, y en la composición de los gobiernos del subcontinente. Ese proceso comienza durante la administración de Ronald Reagan, cuya política de fuerza exacerbó las diferencias entre el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos civiles de América Latina, al extremo de provocar una crisis en el Sistema Interamericano, que sumió a este último en una total inoperancia.

 

A los mecanismos latinoamericanos y caribeños de concertación y cooperación les anteceden los llamados mecanismos de integración que, para ser precisos, eran tratados comerciales y aduaneros. Los dos primeros fueron el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Asociación Latinoamericana para el Libre Comercio (ALALC), ambos surgidos en 1960 bajo el influjo de las concepciones promovidas por la Comisión Económica Para América Latina de la ONU (CEPAL, 1948), organismo que entre 1950 y 1963 fue presidido por el economista argentino Raúl Prebisch, entre cuyas obras resalta el libro El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. Le siguen el nacimiento, en 1973, del Mercado Común del Caribe (CARICOM, por sus siglas en Inglés), que agrupa a los países de esa subregión independizados de sus metrópolis colonialistas europeas en la posguerra; la transformación en 1980 de la ALALC en Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); y la suscripción en 1989 del Pacto Andino (Bolivia, Colombia Chile, Ecuador y Perú), rebautizado en 1996 con el nombre Comunidad Andina de Naciones (CAN), y el establecimiento del MERCOSUR en 1991.

 

No se pretende analizar aquí el desempeño ni la trayectoria de los organismos regionales y subregionales llamados «de integración», pero es necesario apuntar que la base nacional‑desarrollista de la que parten en sus inicios fue crecientemente socavada por: 1) el proceso de transnacionalización y desnacionalización capitalista (al que por lo general se designa con el término globalización);[5] 2) la ofensiva contrarrevolucionaria y contrainsurgente desatada por el imperialismo norteamericano en las décadas de 1960, 1970 y 1980, que durante la presidencia de Reagan impuso la apertura y desregulación económica neoliberal; y, 3) la reestructuración y revitalización del sistema de dominación continental emprendida por la administración de George H. Bush (1989‑1993), que incluyó el fracasado proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y también los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales y subregionales que han sido firmados por una parte importante de los gobiernos de América Latina y el Caribe. A estos avatares se han visto sometidos por mecanismos de integración regional y subregional latinoamericanos y caribeños.

 

La crisis del Sistema Interamericano ocurrida en la década de 1980 repercute en el surgimiento de un nuevo tipo de mecanismos regionales y subregionales, los mecanismos de consulta y concertación política, que inicialmente coexisten con los «de integración», y entre ambos se produce una progresiva interconexión e hibridación. Los factores de la mencionada crisis de las relaciones interamericanas fueron, por una parte, la materialización de los postulados de la ultraderecha estadounidense, simbolizados en el Documento del Comité de Santa Fe,[6] en la política de esa nación hacia América Latina y el Caribe durante el mandato presidencial de Reagan, cuya presión había obligado al presidente James Carter a abandonar la constructiva agenda interamericana con la cual inició su gestión, basada en los Informes Linowitz I y II,[7] y por otra parte, la reacción de los gobiernos civiles latinoamericanos contra una política que incluía: el renovado apoyo a las dictaduras militares de «seguridad nacional»; el alineamiento con Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas (1982); el hacer recaer sobre la región el peso de la crisis de la deuda externa (iniciada en 1982); la invasión militar a Granada (1983); y la amenaza de intervención directa en el conflicto centroamericano, en especial, la escalada de agresiones contra la Revolución Popular Sandinista que apuntaba la posibilidad de una invasión militar a Nicaragua.

 

En medio de esta vorágine, en enero de 1983, nace el Grupo de Contadora, integrado por los gobiernos Colombia, México, Panamá y Venezuela con el objetivo de promover una solución política negociada del conflicto centroamericano, y así conjurar la amenaza de una intervención militar directa de los Estados Unidos en esa subregión –como la que meses después se produciría en Granada– y, en julio 1985, surge el Grupo de Apoyo a Contadora o Grupo de Lima, formado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. La fusión del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora dio lugar al Grupo de los Ocho.

 

Fuerzas políticas que hoy integran el Foro de São Paulo han sido protagonistas de los procesos que dieron origen y provocaron las sucesivas metamorfosis de los mecanismos de concertación política que desembocaron en la constitución de UNASUR y CELAC. En concreto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, eran las fuerzas revolucionarias participantes en el Conflicto Centroamericano, en busca de cuya solución política se crea el Grupo de Contadora. Además, el anfitrión de la reunión constitutiva de este fue el gobierno del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, cuyo fundador y líder era el general Omar Torrijos. Y, por último, otro de sus miembros era el gobierno de Colombia, presidido por Virgilio Barco, entre cuyas motivaciones se encontraba el hecho de que en su propia nación se desarrollaba una insurgencia revolucionaria, que él intentó, sin éxito, resolver mediante el diálogo y la negociación.

 

De manera análoga, la formación del Grupo de Apoyo a Contadora es, en gran medida, un producto de las luchas, primero antidictadoriales, y luego a favor de una efectiva democratización política, económica y social, libradas por la izquierda sudamericana. Nótese que en tres de los países miembros de ese grupo, Argentina, Brasil y Uruguay, gobernaban los presidentes electos en los comicios que marcaron el parte aguas con las dictaduras militares de «seguridad nacional»,[8] quienes sentían la presión que la izquierda y el movimiento social‑popular ejercían contra las condiciones impuestas por las fuerzas armadas como requisito del llamado proceso de democratización –incluida la impunidad de los crímenes cometidos–, y contra las antipopulares políticas económicas y sociales que esos gobernantes adoptaron. En el caso de Brasil, se libraba la lucha por la realización de elecciones presidenciales directas, pues las de 1984 se efectuaron mediante el llamado Colegio Electoral, que la oligarquía pretendía dejar establecido como método permanente.

 

Los gobiernos electos en virtud del establecimiento o restablecimiento, según el caso, de la institucionalidad democrático burguesa eran gobiernos frágiles. Temían que la «democratización» fuese reversible y la consideraban rehén de la «buena voluntad» de los militares de cumplir lo pactado, por lo que creían imposible hacer justicia con ellos o desafiarlos.[9] No solo eran incapaces de satisfacer las expectativas de que se investigaran, juzgaran y sancionaran las violaciones de los derechos humanos, sino también las expectativas del bienestar socioeconómico que los pueblos creyeron consustancial a la apertura política. Por si ello fuera poco, la administración Reagan no mostraba sensibilidad alguna con respecto a la delicada situación de esos gobiernos, al extremo de echarles encima el fardo de una deuda externa que había sido contraída principalmente por las pasadas dictaduras, y restablecía una política de agresiones militares, indirectas y directas, contra Granada y Nicaragua, que se creía sepultada en virtud del síndrome de Viet Nam, todo lo cual potenciaba el reverdecimiento de la izquierda y el movimiento popular, algo que la concepción imperialista del «proceso de democratización» había intentado evitar.

 

La gestión del Grupo de los Ocho no fue exitosa. El gobierno de los Estados Unidos nunca aceptó participar en las negociaciones centroamericanas y se erigió en juez y parte de ese conflicto. Mantuvo la llamada Guerra de Baja Intensidad (GBI) en Nicaragua y la guerra contrainsurgente en El Salvador y Guatemala, al tiempo que acorralaba al gobierno del Frente Sandinista en tres negociaciones paralelas: una con la contrarrevolución armada; una con la oposición civil de derecha; y otra con los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, que formaron el llamado Grupo de Tegucigalpa. En cada una de esas negociaciones se exigía concesiones unilaterales a Nicaragua –concesiones que eran complementarias entre sí– y también se desactivaban cualesquiera ventajas que los sandinistas pudiesen haber obtenido en alguna de ellas.

 

En su política hacia Centroamérica, la administración Reagan construye y reconstruye «simetrías negociadoras» a su antojo. Entre ellas, obliga a la opinión pública internacional y al propio gobierno sandinista a reconocer de facto el «derecho» del imperialismo norteamericano a agredir a un Estado soberano, Nicaragua, para obligarlo a modificar su sistema político. Otro paralelismo antojadizo es el establecido entre la guerra irregular en Nicaragua, por una parte, y en El Salvador y Guatemala, por otra, de manera que los términos de la negociación impuestos al FSLN para favorecer a la contrarrevolución nicaragüense, no beneficiaran al FMLN o a la URNG. En sentido inverso, las condiciones establecidas a favor de los gobiernos contrainsurgentes de El Salvador y Guatemala, no se aplicaban en el caso del gobierno de Nicaragua.[10]

 

A la desventajosa posición en que quedaba colocaba Nicaragua por la continuación de la GBI y la fragmentación de las negociaciones, se suma que, a partir de la designación de Mijaíl Gorbachov como secretario general del PCUS, la Unión Soviética amenazó a la dirección sandinista con interrumpir la ayuda económica y militar que le brindaba, si no accedía a una inmediata solución negociada del conflicto, sin importar cuán adverso fuese el desenlace para ella. En esas condiciones, cansados y frustrados tras años de gestiones infructuosas, oteando el giro de la correlación mundial de fuerzas a favor de los Estados Unidos que se derivaba de la «nueva mentalidad» de Gorbachov, y dadas las crecientes concesiones que el gobierno nicaragüense realizaba a sus tres contrapartes negociadoras, que desembocaron en la firma de los Acuerdos de Esquipulas (mayo de 1986) y Esquipulas II (agosto 1987), el Grupo de los Ocho terminó sumándose a quienes exigían concesiones unilaterales a los sandinistas.

 

Tras los Acuerdos de Esquipulas II, los miembros del Grupo de los Ocho pasaron a formar parte de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), que hizo gala de su parcialidad a favor de los actores que representaban los intereses de los Estados Unidos en el conflicto. El resultado de este proceso, en lo que a Nicaragua respecta, fue la celebración de elecciones, en febrero de 1990, en condiciones en extremo adversas para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo candidato presidencial, Daniel Ortega, fue derrotado por la candidata presidencial de la Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de Chamorro.

 

El desenlace del conflicto centroamericano neutralizó el disenso de las burguesías latinoamericanas con la política imperialista. Al verse obligado a reconocer la efectividad de la política de Reagan, el Grupo de los Ocho reconoció también los límites hasta los cuales los gobiernos de América Latina estaban dispuestos a llevar sus discrepancias con el de los Estados Unidos. No obstante esta involución, en positivo es preciso reconocer que, de las vivencias y experiencias acumuladas en la negociación centroamericana, se deriva la identificación de la conveniencia de institucionalizar y ampliar el horizonte temático del Grupo. En tal sentido, en el tiempo transcurrido entre la firma de los Acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II, en diciembre de 1986, los cancilleres del Grupo de los Ocho emiten la Declaración de Río de Janeiro, en la cual dan a conocer la decisión de crear un mecanismo permanente de consulta y concertación política, en torno a los principales temas de interés para América Latina.

 

En resumen, el balance de la actuación del Grupo de los Ocho es ambivalente. En lo positivo, resaltan dos elementos:

 

  1. La creación de un mecanismo de concertación política latinoamericana, nacido en oposición a la política de los Estados Unidos y ajeno a la OEA, que refleja la crisis de esta última, en tanto el propósito de ese mecanismo era llenar un vacío en la solución de un conflicto que le hubiese correspondido a esa organización.
  2. Una vez desactivado el conflicto, el mecanismo de concertación no se disolvió, sino se institucionalizó y asumió nuevos temas, como el llamado a una negociación entre Gran Bretaña y Argentina sobre las Islas Malvinas, la búsqueda de una solución a favorable a América Latina de la crisis de la deuda externa y la crítica al proteccionismo de las grandes potencias.

 

En lo negativo, también se destacan dos elementos:

 

  1. El abandono de sus posiciones originales en el transcurso de la negociación centroamericana, en la cual terminó siendo funcional a los intereses de los Estados Unidos.
  2. La inconsecuencia con el anunciado propósito de concertar posiciones en torno a la deuda externa, porque cada uno de sus miembros aceptó el formato país por país y los términos de la renegociación impuestos por los acreedores internacionales.

 

No obstante los aspectos negativos de la gestión del Grupo de los Ocho y del proceso de negociaciones centroamericanas de la década de 1980, visto retrospectivamente, las gestiones de ese Grupo y el desenlace de ese proceso sentaron las pautas para la solución pacífica de los conflictos armados en El Salvador (Acuerdos de Chapultepec, 1992) y en Guatemala (Acuerdos de Nueva York, 1996), en los cuales, ni las fuerzas revolucionarias lograron conquistar el poder mediante la insurgencia armada, ni los Estados contrainsurgentes lograron derrotarlos militarmente. Esa pauta también es válida para la eventual solución pacífica del conflicto armado en Colombia.

 

Del Grupo de los Ocho al Grupo de Río


El Grupo de los Ocho, desde 1986 convertido en Mecanismo de Consulta y Concertación Política, se transformó en 1990 en Grupo de Río para dar cabida a nuevos miembros. Ese año ingresan Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay, una representación del CARICOM y otra del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Pero esa ampliación y consolidación institucional, llamada a ser un acontecimiento positivo, en tanto paso hacia el estrechamiento de los vínculos intraregionales, ocurre en medio de un conjunto de acontecimientos que no solo provocan un abandono de la defensa de los intereses de América Latina por parte de sus miembros, sino también su sometimiento a la reestructuración y revitalización del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano, emprendida por George H. Bush.

 

Entre los factores que influyen en la involución del Mecanismo de Consulta y Concertación Política nacido del Grupo de los Ocho, resaltan: el resultado negativo de su enfrenamiento a los Estados Unidos en el conflicto centroamericano; el cambio en la correlación mundial de fuerzas derivado de la crisis terminal del bloque socialista europeo, la cual el imperialismo norteamericano aprovecha para proyectar una imagen de omnipotencia; la eliminación de los últimos dos gobiernos que hacían resistencia al relanzamiento de la dominación imperialista en la América Latina continental, a saber, Panamá y Nicaragua, el primero mediante la invasión militar de diciembre de 1989 y el segundo mediante la derrota del candidato presidencial del FSLN en las elecciones de febrero de 1990; el reforzamiento de la política de bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana, la cual muchos pensaban que tenía sus días contados; y la estrategia de reconstrucción y revitalización del Sistema Interamericano emprendida por la administración de George H. Bush, con el incentivo de la Iniciativa para las Américas, el supuesto «libre acceso» al mercado estadounidense y la flexibilización en el tratamiento de la deuda externa latinoamericana con el Plan Brady, que a pesar de ser un nuevo instrumento de penetración, desde el punto de vista de las oligarquías latinoamericanas eran un «alivio» en comparación de la política de Reagan. De esta manera, la Reforma de la Carta de la OEA –que originalmente había sido una demanda positiva del Grupo de los Ocho, concebida para democratizar el Sistema Interamericano y crear una masa crítica, latinoamericana y caribeña, capaz de hacer contrapeso efectivo a los Estados Unidos–, se convierte en su contrario, y cuando finalmente comienza a ejecutarse, en 1991, fue una plataforma de reconstrucción, actualización, adecuación y revitalización del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano.

 

Los pilares de la reconstrucción del sistema interamericano eran: la afirmación de la democracia representativa (democracia neoliberal) como «única forma legítima de gobierno en el continente americano» (pilar político); el proyecto de establecer un Área de Libre Comercio de las Américas (pilar económico); y el incremento sustancial de la presencia militar directa de los Estados Unidos en América Latina (pilar militar). Más que una reestructuración, fue una reconstrucción lo que Bush se vio obligado a emprender, pues la política de fuerza de su predecesor no solo hizo inoperante al Sistema Interamericano, sino incluso provocó la formación de mecanismos de concertación ajenos a este sistema, a saber, el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, cuyo nacimiento y desarrollo se analiza en este trabajo.

 

De acuerdo con el patrón de subordinación al imperialismo impuesto en esos años –con la excepción de Cuba–, los gobiernos de América Latina se hicieron cómplices de la agresión contra Panamá. El recién instituido Grupo de Río ayudó a crear las condiciones para la intervención militar mediante la suspensión de la membresía del gobierno panameño en dicho grupo. Después de la invasión, ese Grupo se limitó a pronunciarse a favor del «pronto restablecimiento institucional» y levantó las sanciones a Panamá cuando el candidato de la derecha, Guillermo Endara, asumió la presidencia dentro de una base militar estadounidense en la Zona del Canal. Esa actitud representó un abandono del concepto de solidaridad latinoamericana frente a las agresiones externas, que alcanzó su expresión culminante durante la Guerra de las Malvinas.

 

Menos de dos meses después de la intervención en Panamá se produjo la derrota «electoral» de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. El revés del sandinismo provocó un cambio en la correlación de fuerzas en América Central. La negociación entre el FMLN y el gobierno de El Salvador, concebida hasta entonces como un recurso táctico de apoyo a la lucha armada, se transformó en la única opción para esa coalición de izquierda. La nueva situación compulsó a la URNG a emprender un camino similar. Así se extinguen en Centroamérica las últimas brasas del fuego revolucionario que recorrió a América Latina a partir del triunfo de la Revolución Cubana. También desaparecen las últimas las causas que enturbiaron las relaciones interamericanas durante la presidencia de Reagan.

 

Tan pronto como el imperialismo logró sortear la crisis del sistema financiero internacional ocasionada por el crecimiento desenfrenado de la deuda externa, el gobierno de Bush la institucionalizó como mecanismo de dominación y penetración. Mediante el Plan Brady, Bush encubrió ese proceso con la apariencia de cierta flexibilización y alivio con respecto a la política de elevación de las tasas de interés, restricción de créditos y exigencia de pagos, impuesta por Reagan. Con este antecedente, el lanzamiento en diciembre de 1989 de la Iniciativa para las Américas o Iniciativa Bush, incluida la idea de crear un Área de Libre Comercio de las Américas, se convirtió en el catalizador de un giro de ciento ochenta grados en la actitud de los gobiernos de América Latina. La ilusión generada por el supuesto libre acceso al mercado de los Estados Unidos, no solo sirvió para que las burguesías de la región enterraran sus diferencias con Washington, sino también para ayudar a vencer su resistencia a pagar los costos de la reestructuración neoliberal. Esos costos consistían en enfrentar la crisis económica, política y social de la región, incluida la quiebra de una parte importante de sus propios capitales, la desarticulación del sistema político electoral y la represión del movimiento popular de protesta y resistencia.

 

En medio de las expectativas generadas por el ALCA, poco más de un año después de la derrota electoral del FSLN en Nicaragua y el establecimiento de la democracia neoliberal en Chile, en junio de 1991, el gobierno de los Estados Unidos logró que la Asamblea General de la OEA, realizada en el propio Santiago de Chile, aprobara el Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano. A partir de su adopción, la Reforma de la Carta de la OEA, originalmente concebida para promover la democratización de esa organización, se convirtió en su contrario. El Compromiso de Santiago no solo anuló el concepto de pluralismo en las relaciones interamericanas –que se abrió paso en los años setenta–, sino también sirvió de base para la institucionalizar mecanismos transnacionales de injerencia, control y sanción que sustraen crecientes cuotas de poder del ámbito de la soberanía de las naciones de América Latina.

 

La legitimación de la injerencia en los asuntos internos de los Estados se reflejó en el XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Washington D.C. en diciembre de 1992, en el cual se aprobó el Protocolo de Washington. Este protocolo estableció que un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en todas las instancias del Sistema Interamericano. Las nuevas medidas constituyeron un escalón superior con respecto al Compromiso de Santiago porque establecieron sanciones concretas contra quienes violasen el compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región y eliminaron la condición de que la defensa de la democracia representativa se mantuviera dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. Como parte de ese proceso, todos los foros, acuerdos y mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos asumieron la llamada cláusula democrática, que prohíbe la pertenencia de países en los que no impere la democracia representativa (entiéndase: el sistema capitalista) y establece la separación –junto con otras amenazas, presiones y represalias– contra aquellos en los que se interrumpa el «orden democrático».

 

Los objetivos de este andamiaje supranacional eran: 1) recrudecer la política de bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana; 2) establecer un pacto transnacional entre las élites de la región destinado a evitar el triunfo de nuevas revoluciones o procesos políticos populares; y, 3) implantar un mecanismo para reencauzar por vías constitucionales los conflictos interburgueses que estallen mediante de golpes de Estado u otras vías que pongan en riesgo al nuevo sistema de dominación.

 

El cambio en la correlación mundial de fuerzas, la avalancha de la doctrina neoliberal y la percepción de que la Revolución Cubana tenía sus días contados, provocaron un cambio en la actitud de los gobiernos latinoamericanos respecto a Cuba. Hasta ese momento, los principales miembros del Grupo de Río abogaban por el levantamiento de las sanciones contra Cuba en la OEA y su reingreso a esa organización, y en algunos casos se proponía la creación de una organización latinoamericana y caribeña que incluyera a Cuba y excluyera a los Estados Unidos. Esas posturas habían sido adoptabas durante la década anterior, al calor de sus contradicciones con la administración Reagan.[11] Sin embargo, como expresión de la nueva situación, en la Cumbre de Cartagena (1991), ese mismo grupo emitió, por primera vez, una declaración crítica sobre la «democracia» y los «derechos humanos» en Cuba. Esa crítica fue reiterada en forma sistemática y hecha extensiva a las cumbres Unión Europea‑América Latina.

 

Entre vientos cruzados se celebró en Guadalajara, en septiembre de 1991, la Primera Cumbre Iberoamericana. A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos y algunos gobernantes latinoamericanos, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, invitó a ese evento al presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz. Desde ese momento, el imperialismo norteamericano y sus aliados intentaron crear una situación incómoda dentro de este espacio para que Cuba se viese obligada a abandonarlo.

 

Para comprender mejor la involución ocurrida en el mecanismo de consulta y cooperación política entre su constitución, en 1986, como Grupo de los Ocho y su transformación, en 1990, en Grupo de Río, es preciso tener en cuenta que esta última ocurrió en durante el mandato de los presidentes neoliberales adheridos al Consenso de Washington. Baste ver la relación de mandatarios que integraban ese Grupo en 1990: Argentina, Carlos Saúl Menem; Bolivia, Jaime Paz Zamora; Brasil, Fernando Collor de Mello; Colombia, César Gaviria; Chile, Patricio Aylwin; Ecuador, Rodrigo Borja; México, Carlos Salinas de Gortari; Panamá, Guillermo Endara; Paraguay, Andrés Rodríguez; Perú, Alberto Fujimori; Venezuela, Carlos Andrés Pérez; y, Uruguay, Luis Alberto Lacalle. De todos ellos, solo Rodrigo Borja mantuvo una posición crítica sobre la reestructuración neoliberal; y solo Borja y Jaime Paz no se plegaron al recrudecimiento de la campaña anticubana.

 

El impacto de la elección de los gobiernos de izquierda y progresistas en los mecanismos de concertación, cooperación e integración


A partir cambio en el sistema de relaciones internacionales ocurrido a raíz del derrumbe del bloque europeo oriental de posguerra, que repercute en la invasión militar estadounidense a Panamá (1989), la derrota electoral de la Revolución Popular Sandinista (1990), la desmovilización de parte importante de las organizaciones insurgentes colombianas (1990‑1991), la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador (1992) y la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1996), cabía anticipar un largo período de hegemonía ultrareaccionaria y de debilitamiento extremo de las fuerzas populares a escala universal. Pero, apenas dos años y una semana después del 25 de diciembre de 1991, día de la disolución de la URSS, estalló en México la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y apenas seis años, once meses y ocho días después de aquel mismo día, se produjo la primera elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, que abrió una larga cadena de triunfos de los gobiernos de izquierda y progresistas que hoy ocupan la mayor parte del mapa político de América Latina, y de una menos significativa parte del Caribe.

 

El auge de la lucha política y electoral de la izquierda latinoamericana obedece a tres factores positivos y uno negativo. Los factores positivos son:

 

  1. El acumulado de las luchas de las fuerzas populares libradas a todo lo largo de su historia y, en particular, en la etapa 1959‑1989, en la cual, aunque no se alcanzaron los objetivos que se habían planteado, sí mostraron una voluntad y una capacidad de combate que obligó a las clases dominantes a reconocerles los derechos políticos que les estaban negados.
  2. La lucha en defensa de los derechos humanos, en especial, contra los crímenes de las dictaduras militares de «seguridad nacional», que forzó la suspensión del uso de la violencia más descarnada como mecanismo de dominación.
  3. El aumento de la conciencia, la organización y la movilización, social y política registrado en la lucha contra el neoliberalismo, que establece las bases para un incremento sin precedente de la participación electoral de sectores populares históricamente marginados de ese ejercicio político.

 

Como contraparte, el factor negativo es la imposición del nuevo orden mundial, que restringe aún más que antes la independencia, la soberanía y la autodeterminación de las naciones del Sur. Fue la apuesta a que podría someter a todos los países latinoamericanos a los nuevos mecanismos transnacionales de dominación la que en última instancia llevó al imperialismo norteamericano a dejar de oponerse «de oficio» a todo triunfo electoral de la izquierda, como había hecho históricamente.

 

Los triunfos electorales de las fuerzas latinoamericanas de izquierda y progresistas, cosechados desde finales de la década de 1980 en los niveles municipales y estaduales de gobierno, y en las legislaturas nacionales de varios países, tardaron años en franquear la barrera del acceso al gobierno nacional.[12] Esto último ocurrió con la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, a partir de la cual se produjeron las siguientes victorias: Venezuela, Hugo Chávez (1998, 2000, 2006 y 2012) y Nicolás Maduro (2013); Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2002 y 2006) y Dilma Rousseff (2010); Uruguay, Tabaré Vázquez (2004) y José Mujica (2009); Bolivia, Evo Morales (2005 y 2009); Ecuador, Rafael Correa (2006, 2009 y 2013); Nicaragua, Daniel Ortega (2006 y 2011); Honduras, Manuel Zelaya (2006, derrocado en 2009); Paraguay, Fernando Lugo (2008, derrocado en 2012), El Salvador: Mauricio Funes (2009); y Perú, Ollanta Humana (2011, aunque luego una parte importante de la izquierda rompió con su gobierno).

 

De este corrimiento hacia la izquierda se desprende un cambio en la composición política de los mecanismos de concertación, cooperación e integración latinoamericana y caribeña, de los cuales vale la pena destacar dos:

 

-       El cambio en la orientación del MERCOSUR, fundado a inicios de la década de 1990 por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de la época del Consenso de Washington, que difiere sustancialmente del MERCOSUR integrado por los actuales presidentes de izquierda o progresistas de Argentina, Brasil y Uruguay, el cual suspendió al gobierno espurio de los golpistas paraguayos e incorporó a la Venezuela de Hugo Chávez.

 

-       La creación en 2004 de lo que en la actualidad se denomina Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (ALBA‑TCP).

 

La alianza estratégica entre el nuevo MERCOSUR y el ALBA‑TPC es la que explica la creación de una correlación de fuerzas favorable a la creación de la Unión de Naciones de Sudamérica y al salto cualitativo que representa la transformación del Grupo de Río en Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, previa incorporación a dicho Grupo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana –antes representados en él por el SICA–, ocurrida en el año 2000; la de Belice en 2005; la de Guyana, Haití y Cuba, en 2008; y la de Surinam y Jamaica en 2009.

 

El cambio en el mapa político regional a favor de las fuerzas de izquierda y progresistas es lo que también explica que Cuba, estigmatizada en 1990 por aquel Grupo de Río formado por presidentes neoliberales, haya sido invitada a incorporarse, sin condicionamiento alguno, al Grupo de Río formado por presidentes de izquierda y progresistas. Un punto culminante en este proceso fue la decisión de anular la expulsión de Cuba decretada por la OEA en Punta del Este en 1962,[13] anulación que se produjo en la Asamblea General de esa organización realizada en San Pedro Sula, Honduras, en 2010, durante la presidencia de Manuel Zelaya.

 

El cambio en el mapa político regional es también lo que explica la reinterpretación del concepto de democracia y la refuncionalización de un instrumento como la cláusula democrática, originalmente concebido para aislar a Cuba, y para disuadir y sancionar eventuales procesos de transformación social revolucionaria y de reforma social de signo popular, y que hoy los gobiernos de izquierda y progresistas esgrimen en su propia defensa frente a las campañas desestabilizadoras y el resurgimiento de los golpes de Estado. Debido a esa correlación favorable a las fuerzas de izquierda y progresistas fue que la administración Obama maniobró, por medio del viejo aliado del imperialismo en la región, el entonces –por segunda vez– presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para «secuestrar» de la OEA el debate sobre el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, hasta convertirlo en un hecho consumado, y también para evitar que las sanciones adoptadas por el MERCOSUR contra los golpistas paraguayos y respaldadas por el ALBA‑TCP, fuesen adoptadas también por UNASUR y CELAC, ya que de ellas también son miembros gobiernos de derecha con los que resulta difícil –si no imposible– consensuar posiciones en temas y acontecimientos como este, que inclinan la correlación regional de fuerzas en una u otra dirección.

 

Precisamente, en estos momentos nos enfrentamos a una nueva ofensiva destinada a inclinar esa correlación de fuerzas a favor de la derecha. A raíz de la desaparición física del presidente Hugo Chávez y de la merma del voto ciudadano con el que triunfaron los candidatos bolivarianos en las dos recientes elecciones presidenciales venezolanas –es decir, el propio Chávez en 2012 y Nicolás Maduro en 2013–, lo cual la derecha percibe como señales de debilitamiento de la Revolución Bolivariana, que constituye uno de los pilares fundamentales del mapa político latinoamericano y caribeño actual, se desata un «golpeteo» –constante, intenso, vertiginoso– de acciones y declaraciones desestabilizadoras con el que pretenden sorprendernos, desconcertarnos, inmovilizarnos y derrotarnos. Ese «golpeteo» es uno de los componentes de la estrategia de dominación de espectro completo del imperialismo norteamericano. Con palabras de Ana Esther Ceceña:

 

La dominación de espectro completo […] supone ocupar todos los espacios, todas las dimensiones de la vida, todos los lugares; no dejar resquicios para el enemigo real o potencial, no darle tiempo de recuperar fuerzas, de recomponerse; perseguirlo en los subsuelos, en tierra, aire y mar; controlar el espacio (que entre otras cosas es el de las comunicaciones); vigilarlo, disuadir cualquier iniciativa contestataria, cualquier transgresión de las reglas tácitas del poder y en su defecto aniquilarlo. Ser implacable y buscar impedir que el posible enemigo llegue a existir. Esto es: dominar todo el espectro y con todos los medios.[14]

 

El rol protagónico principal de este «golpeteo» de la dominación de espectro completo del imperialismo norteamericano está hoy a cargo de la derecha venezolana y colombiana, entre cuyas acciones resaltan: la campaña desestabilizadora en curso contra la Revolución Bolivariana, basada en el preconcebido desconocimiento opositor de la elección del presidente Maduro; la internacionalización de esa campaña, con el envío de delegaciones de la derecha venezolana para interactuar con sus homólogos de otros países; el encuentro del presidente de Colombia Santos con Henrique Capriles; y el anuncio de Santos de que buscará el ingreso de Colombia a la OTAN, algo que podría parecer descabellado, si no supiéramos que su objetivo es clavar puñales en la espalda a UNASUR y CELAC.

 

Si bien la derecha venezolana y colombiana son, por estos días, las encargadas de «golpetear» con la mayor intensidad, por cuanto la dominación de espectro completo «supone ocupar todos los espacios, todas las dimensiones de la vida, todos los lugares», es más que evidente su interrelación orgánica con los componentes de la misma estrategia ejecutados por otros actores, tales como: la reciente reunión de la Alianza del Pacífico; la doble acción del nuevo Presidente de Paraguay, quien tras buscar el restablecimiento de los derechos de membresía en el Mercosur, dio a conocer su decisión de afiliarse a la ya mencionada Alianza; la gira del vicepresidente estadounidense Joseph Biden por varios países de la región; la reciente huelga de la Central Obrera Boliviana contra el gobierno del presidente Evo Morales; y, la campaña mediática contra el gobierno del presidente Rafael Correa, unida a los fallos de tribunales proimperialistas a favor de monopolios transnacionales que depredaban el territorio ecuatoriano.

 

Esta ofensiva ultrareaccionaria podemos y debemos derrotarla, tal como ya hemos hecho, en numerosas ocasiones, durante los últimos años. En este punto cabe preguntarnos: ¿cómo puede el Foro de São Paulo contribuir a la defensa y el fortalecimiento de los procesos y mecanismos latinoamericanos y caribeños de concertación, cooperación e integración?

 

En la medida en que los partidos y movimientos políticos del Foro de São Paulo en unos casos encabezan y en otros forman parte de los gobiernos de izquierda y progresistas electos en América Latina y el Caribe, a partir de finales de la década de 1990 e inicios de la década de 2000, con toda propiedad afirmamos que el Foro ha sido, es y seguirá siendo, un laboratorio en el que germinan y se desarrollan muchas de las posiciones que esos gobiernos defienden, las cuales se concretan y se expresan en procesos como la creación y desarrollo del ALBA‑TCP, el cambio radical en la orientación del MERCOSUR, la fundación de UNASUR y la metamorfosis del Grupo de Río en CELAC.

 

En esencia, el Foro de São Paulo puede y debe contribuir a la defensa y el fortalecimiento de los procesos y mecanismos latinoamericanos y caribeños de concertación, cooperación e integración, por una parte, ocupando cada día más espacios institucionales que amplíen, profundicen y consoliden el corrimiento a la izquierda del mapa político regional; y, por la otra, construyendo, junto al movimiento social popular, poder desde abajo, que apuntale y estimule la gestión de los gobiernos de izquierda y progresistas en los países donde estos existan, y que ejerzan presión política y social sobre los gobiernos de derecha en los países donde ellos imperen.

 



 

*    Doctor en Ciencias Filosóficas, profesor‑investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana, miembro de la Asociación de Escritores de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), coordinador de la colección Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur, y editor‑jefe del sitio web (contextolatinoamericano.com).

 

[1]    El término acumulación originaria designa a la riqueza producida fuera del sistema de producción capitalista que se invierte en su formación y despegue.

 

[2]    Ello ocurrió en dos ocasiones: primero, entre las décadas de 1820 y 1850, cuando ni Inglaterra ni los Estados Unidos tenían condiciones para afianzar su dominación neocolonial en el subcontinente; y, segundo, entre las décadas de 1910 y 1950, cuando la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión (1929) y la Segunda Guerra Mundial mantuvieron cortado el acceso de América Latina a los mercados norteamericano y europeo.

 

[3]    Téngase en cuenta que la extensión y diversidad de las recién surgidas repúblicas hispanoamericanas eran mayores que en la actualidad, pues el 1826 México aún no había sido despojado de más de la mitad de su territorio por parte de los Estados Unidos.

 

[4]    La idea bolivariana de la unidad no incluía al Brasil independiente porque seguía siendo un imperio (no una república), mantenía la esclavitud (hasta que en 1888 fue la última nación de América en abolirla, y pretendía anexarse territorios del Cono Sur hispanoamericano.

 

[5]    Véase a Roberto Regalado: América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda (edición actualizada), Ocean Sur, México D.F., 2006, pp. 136‑137.

 

[6]    El Documento del Comité de Santa Fe o Santa Fe I –después se elaboraron otras tres versiones (Santa Fe II, III y IV)–, se encuentra en: www.nuncamas.org/documento/docstfe1.

 

[7]    Véase a Comisión sobre las Relaciones Estados Unidos – América Latina (Comisión Linowitz): «Las Américas en un mundo en cambio» (Informe de la Comisión sobre las Relaciones de los Estados Unidos con América Latina o Informe Linowitz I). Véase también Comisión sobre las Relaciones Estados Unidos – América Latina (Comisión Linowitz): «Los Estados Unidos y América Latina: próximos pasos» (Segundo Informe de la Comisión sobre las Relaciones de los Estados Unidos con América Latina o Informe Linowitz II). Ambos informes se encuentra en Documentos No. 2, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1980.

 

[8]    Raúl Alfonsín en tomó posesión en Argentina en 1983, Julio María Sanguinetti en Uruguay en 1985 y José Sarney en Brasil en1985. Sarney había sido electo como vicepresidente de Tancredo Neves, quien falleció antes del 15 de enero de ese año, fecha del inicio de su mandato.

 

[9]    Incluso algunos creían que podría ser una maniobra destinada a crear el caos que sirviera de pretexto para el retorno de los militares al poder.

 

[10]   Como parte de esa política de seguridad regional, Reagan promulgó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, cuya asignación de 355 millones de dólares se desglosa de la siguiente forma: 100 millones fueron entregados a El Salvador, 70 a Costa Rica, 50 a Jamaica, 40 a República Dominicana, 40 a Honduras, 11 a Guatemala, 10 a Haití, 10 a Belice y 20 al Caribe Oriental. Como puede apreciarse, 221 millones de dólares estaban destinados a crear en Centroamérica un cordón contrainsurgente alrededor de Nicaragua.

 

[11]   De 1982, año en que los Estados Unidos y América Latina quedaron en bandos opuestos a raíz de la Guerra de las Malvinas, data el primer llamado reciente a crear un espacio iberoamericano de concertación política. Fue una de las iniciativas de aquella década destinada a fortalecer la capacidad de enfrentamiento de Latinoamérica al imperialismo, entre ellas, crear una Asociación de Estados Latinoamericanos y readmitir a Cuba en la OEA. Sin embargo, el giro en la posición de los gobiernos de la región ya se había producido. Uno de los propósitos del gobierno de los Estados Unidos al promover la adopción del Compromiso de Santiago era, precisamente, cerrar el debate sobre el reingreso de Cuba al Sistema Interamericano. Como parte del recrudecimiento del bloqueo, a finales de 1992 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Torricelli que, entre otras restricciones adicionales a las ya existentes, prohíbe tocar puerto de los Estados Unidos por un período de seis meses a los barcos mercantes que transporten mercancías hasta o desde Cuba.

 

[12]   En México, Cárdenas fue derrotado en los comicios presidenciales de 1988, 1994 y 2000; en Brasil, Lula lo fue en 1989, 1994 y 1998; y en Uruguay, Líber Seregni fue derrotado en 1989 y Tabaré en 1994 y 2000. Ello obedece a que, si bien desde 1994, año de la rebelión zapatista y la crisis financiera mexicana, se comenzó a desmoronar la aureola del neoliberalismo, los gobernantes de ese signo todavía conservaban la capacidad de capitalizar a su favor el miedo que ellos mismos infundían ante la eventual victoria electoral de la izquierda, que supuestamente provocaría la pérdida de confianza de la banca internacional y ocasionaría una debacle económica y social. Por ese motivo, no es casual que la primera elección de un presidente de izquierda en la actual etapa fuera la de Hugo Chávez en Venezuela. La razón es que en ese país se produjo un colapso de las instituciones políticas y económicas, crisis en medio de la cual, ni siquiera el factor miedo pudo ser invocado contra su candidatura presidencial.

 

[13]   No obstante a lo cual el Gobierno Revolucionario de Cuba mantiene su decisión de no reincorporarse al Sistema Interamericano.

 

[14]   Ana Esther Ceceña y otros: El águila despliega sus alas de nuevo. Un continente bajo amenaza, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y Fedaeps, Quito, 2009, pp.13‑14.

 



Noticias y reseñas

Enlaces